Acabar con la exploración de petróleo implica que a la vuelta de unos 8 años podríamos  tener  que  importar  combustibles  –teniendo  en  cuenta  que  las  reservas actuales  alcanzan  para  7.6  años-. 

Esto podría  ser  catastrófico  para  empresas  y  hogares  en  períodos  de  altos  precios  internacionales  porque no  podría  existir  el  Fondo  de  Estabilización de Precios de los Combustibles como existe hoy; que permite reducir en  parte el incremento de los precios que pagamos todos los colombianos por gasolina o  ACPM.  Ese  fondo  ha  permitido  que  el  galón  de  gasolina  esté  en  $9.000  y  no  en  casi  $16.000 como sería si el precio se ajusta a niveles de los precios externos. 

Además, si no hay nuevas exploraciones, el país perdería más de USD 2.000 millones al año en inversión extranjera directa al sector, la cual  representa cerca del 20% de la  inversión extranjera total al año. Estos flujos de recursos son claves para financiar el  alto  déficit  comercial que  tenemos.  De  hecho,  suspender  la  exploración  petrolera  implicaría que, a  futuro, lo que se produzca en materia de combustibles  tendría que  destinarse para  consumo  interno,  con  lo  que  perderíamos  casi  el  32%  de  las  exportaciones  totales  del  país.  Esto  sin  duda,  sería mortal  para  el  crecimiento de la  economía. 

Entonces, el efecto de suspender la exploración de petróleo es doblemente negativo:  por un lado, se pierde el 32% de las exportaciones y aumentaría las importaciones; y  por otro lado, dejaríamos de recibir más de USD 2.000 millones por inversión extranjera  que  son  necesarios  para  financiar  un déficit  comercial  que,  además,  sería  cada  vez  mayor. Esto significaría, entre otras, menos recursos para las empresas y para que el  Estado cumpla sus funciones sociales. La ñapa perversa es que la variable de ajuste que  determinaría el precio de los combustibles sería el dólar y nadie sabe a cuánto podría  llegar con  la  creciente  inestabilidad  global.  Finamente,  las  regiones  tendrían  que  abandonar o renunciar a proyectos estratégicos en sectores clave, pues se dejarían de  percibir regalías por cerca de 1% del PIB al año, es decir, casi 10 billones por año.

Por último, sin tener en cuenta que, a precios de petróleo de hoy, los ingresos totales  del gobierno central superan el 1% del PIB, Gustavo Petro quiere que nuestra seguridad  energética  petrolera,  que  además  financia  los  programas  sociales  del  gobierno,  dependa de “un tubo que nos conectaría con Venezuela”. A todas luces, cómo el senador  y candidato quiere su improvisada y populista transición energética nos puede llevar a  una crisis sin precedentes.

Autor: Juan Manuel Galán Pachón