El desarrollo de nuestro país y la superación de la cruel violencia que hemos vivido durante décadas requiere que trabajemos juntos para ser libres de la guerra contra las drogas y de las redes de narcotráfico que destruyen nuestros campos y llevan a nuestros jóvenes por el camino de la guerra, la criminalidad y la adicción, mientras los narcotraficantes y los violentos se enriquecen.

Durante casi 20 años, se han desperdiciado más de $100 billones de pesos envenenando con glifosato a más de 2 millones de hectáreas en nuestros campos, mientras se le niegan a nuestras regiones las inversiones en infraestructura y desarrollo territorial que requieren para tener una opción diferente a la que ofrecen los narcos, y mientras más de 8 millones de víctimas ven como se desvanecen sus posibilidades de restitución y no repetición por la falta de recursos para la implementación del Acuerdo de Paz. 

Debemos dejar atrás la vieja e ineficiente estrategia de la guerra contra las drogas y poner en marcha una Política Integral de Drogas que aborde el problema del narcotráfico de manera innovadora y efectiva desde:

  • Probando de todas las drogas

Este conjunto de acciones permitirá al Estado establecer reglas y un sistema de gobernanza institucional que definan los usos de los cultivos de coca y otros, con el fin de orientar su utilización hacia usos medicinales, científicos y de consumo en condiciones de seguridad y control. Con esto desarticularemos el negocio del narcotráfico y seremos libres del poder de los narcotraficantes en nuestra sociedad. Colombia debe entender que si seguimos por el camino de la prohibición y la criminalización de los consumidores, estaremos fortaleciendo, cada día más, a los narcotraficantes y su posibilidad de que ellos se enriquezcan y sigan cooptando a nuestras instituciones y sometiendo a nuestros campesinos.

Esta regulación debe abarcar todas las etapas del ciclo como son la producción, comercialización y consumo y debe darse, siempre, desde criterios científicos y técnicos. También debe ir acompañada de objetivos claros en materia de producción, consumo, disminución del consumo adictivo (problemático), disminución del daño a la salud, reducción del mercado ilegal, tributación y reducción del consumo infantil.

  • Red nacional y territorial de salud pública y reducción del daño individual, familiar y colectivo

Se requiere de una gran red apoyada en una reforma en el POS, que preste servicios de salud especializados y de calidad en los municipios, para ayudar a quienes han caído en adicción y que ven cómo día a día esto destruye sus vidas y las de sus familias. Esa red la deben conformar equipos interdisciplinarios de acción que lleven alternativas de desarrollo humano a los consumidores y opciones de actividades económicas legales y seguras a quienes no tienen otra opción que hacer parte del negocio de las drogas en sus nodos más pequeños.

Debe contar con programas robustos de educación y prevención frente al consumo de sustancias y donde las familias, las organizaciones de apoyo y las instituciones educativas, entre otras, aporten en el diseño y puesta en marcha de estrategias adecuadas para cuidar a nuestros jóvenes y familiares del consumo problemático. Todo esto tiene que articularse a la fuerte promoción de estilos de vida saludables en nuestros niños y jóvenes, entre otros, para que las adicciones no avancen en ellos y para que sus cursos de vida sean libres de las garras del negocio del narcotráfico.

  • Construcción del Estado territorial y la promoción del desarrollo local

El Estado debe tener presencia interinstitucional en materia educativa, de salud, de justicia, de servicios públicos y de seguridad, donde históricamente ha estado ausente y ha dejado en las manos de la violencia, la pobreza y del narcotráfico a millones de colombianos en nuestros campos. Además, este pilar articula acciones multisectoriales como una programas fuertes de construcción de vías terciarias, redes de servicios públicos, escuelas, oferta territorial de educación superior y proyectos de desarrollo alternativo que, junto con una potente inversión en investigación y desarrollo, les permitan desarrollar una industria regulada de la coca que haga que estos cultivos, destinándolos a la utilización científica y medicinal, entre otras, dejen de ser una maldición y se conviertan en alternativas lícitas, productivas y sostenibles de desarrollo.

  • Desarticulación del sistema de redes de valor del narcotráfico

Hay que atacar los nodos más poderosos de esta red criminal, como son los que lideran y ponen en marcha el lavado de activos, la utilización de empresas fachadas, el tráfico de insumos para el procesamiento de cocaína y los que financian a grupos armados ilegales, entre otras. Esto lo lograremos, entre otras, con mecanismos como la detección de cuentas e inversiones con el dinero del narcotráfico y su rápida extinción de dominio, utilizando la ciencia y la tecnología para inhibir el potencial adictivo de la hoja de coca y controlando el tráfico de gasolina que se destina a los laboratorios de cocaína. Además, es fundamental perseguir y capturar a los funcionarios corruptos que en las entidades del Estado permiten a los narcotraficantes contaminar a la gestión pública, los aparatos de justicia y seguridad del Estado, y hasta instituciones como el Congreso de la República para favorecerse y seguir permitiendo que el poder de los narcos crezca en nuestras instituciones.

Con estos 4 pilares y el trabajo mancomunado de la sociedad civil y el Estado podremos superar el doloroso pasado del narcotráfico y proyectarnos hacia una nueva Colombia libre de la destrucción de la guerra contra las drogas y del negocio del narcotráfico.