La falta de estrategias claras en materia de autonomía territorial ha sido una de las principales barreras para el desarrollo en Colombia. Mientras el gobierno central aumenta en poder y en ingresos, la gran mayoría de nuestros municipios se ven sometidos a la escasez de recursos y a condiciones institucionales que no les permiten desarrollar sus funciones de manera adecuada y generar el desarrollo territorial que nuestras comunidades necesitan para tener, entre otras, educación, salud, servicios públicos y carreteras de calidad. Por ello, debemos trabajar en los siguientes ejes de acción:

  • Modelo de funcionamiento territorial de identidad federal

Hay que trabajar en desplegar un modelo de funcionamiento territorial de identidad federal, a partir de un profundo compromiso con la autonomía territorial y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, no a partir de la superposición del Gobierno Nacional sobre las Entidades Territoriales. Para esto, es fundamental que trabajemos por fortalecer los procesos de regionalización impulsados desde las RAP -Regiones Administrativas y de Planeación-, y la capacidad de acción de instancias de decisión en materia de inversión como los OCAD –Órganos Colegiados de Administración y Decisión-, incluso hay que revisar la posibilidad de contar con un OCAD especial que se encargue, específicamente, de tramitar proyectos de inversión territorial destinados a procesos de recuperación económica en los municipios de nuestro país.

  • Reforma profunda al Sistema General de Participaciones

El Sistema General de Participaciones ya no responde a las necesidades de financiamiento de los municipios en los tiempos actuales y a una distribución eficiente de las competencias de las entidades territoriales. Es clave trabajar para que este sea más flexible y cuente con más recursos de los que hoy puede distribuir. Esta reforma es vital para poder contar con los recursos necesarios, en nuestros municipios, para que puedan avanzar, efectivamente, en la puesta en marcha de las acciones para que los servicios públicos domiciliarios lleguen a todos y para que se construyan las vías terciarias que moverán el desarrollo, entre otras acciones fundamentales.

  • Mejora sustancial en la capacidad tributaria de los municipios

No se puede seguir postergando la puesta en marcha del catastro multipropósito y del fortalecimiento de la capacidad fiscal territorial. Esto sólo será posible si entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior, El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, entre otras, trabajan de de la mano con las regiones, departamentos y municipios para llevar la capacitación y el fortalecimiento institucional que necesitan nuestros entes territoriales. Acompañándolos y ejecutando una asistencia técnica a la gestión pública profunda y verdadera, y siempre promoviendo la participación ciudadana y el control social a las acciones de los entes territoriales.

  • Planeación territorial comunitaria para el desarrollo entre todos

Una de las principales barreras al desarrollo territorial es que las comunidades encuentran muchas barreras para poder ser parte de la formulación de los proyectos de desarrollo que se necesitan a nivel local. Por ello, debemos forjar una Red Nacional de Formulación Comunitaria de Proyectos que cuente con el acompañamiento en territorio de instituciones como el Departamento Nacional de Planeación y la Escuela Superior Pública, para que sean las comunidades las que presenten los proyectos que necesitan para vivir bien y para que trabajen de la mano con las entidades públicas. Además, debemos fortalecer y masificar el uso de herramientas como los presupuestos participativos para que sean los habitantes de los territorios los que definan en qué se deben invertir los recursos.

  • Resurrección de la implementación del Acuerdo de Paz

El Acuerdo de Paz  ha visto cómo el Gobierno actual lo ha abandonado. Por ello, trabajar en la puesta en marcha de todos los puntos del Acuerdo de manera articulada con las comunidades y municipios es algo en lo que debemos avanzar de manera decidida. Esto debe ir acompañado por un impulso muy fuerte a la participación ciudadana y al control social desde los territorios, para que las comunidades étnicas, los campesinos, las víctimas, los empresarios, las instituciones educativas, los jóvenes, las mujeres, los colectivos LGTBIQ+, los firmantes del Acuerdo, y las comunidades religiosas, entre otros actores sociales, sean motores del desarrollo territorial al trabajar de la mano con los entes territoriales.