El cambio climático y el deterioro ambiental progresivo generado por malas prácticas extractivas, productivas o ilegales, como la deforestación y la minería ilegal, están generando efectos devastadores en nuestros ecosistemas. Esto produce una pérdida incalculable en términos de fauna y flora, pero también es un ataque frontal a nuestra posibilidad, como Nación, de construir desarrollo sostenible. Por ello, entendemos que debemos trabajar, en materia ambiental, a partir de los siguientes ejes de acción.
Profundizar la adopción de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Para esto, todas las agendas sectoriales, en especial las de sectores como los de Minas y Energía, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, deben avanzar, decididamente, en la adaptación de sus políticas a los ODS y deben crear agendas coordinadas de trabajo que no sólo se agoten en los procesos de ejecución sino en la puesta en marcha de una gran pedagogía nacional que permita que los ODS hagan parte de la visión económica, social y educativa de nuestra sociedad.
Conocer a profundidad nuestros ecosistemas terrestres, marinos, fluviales y desérticos, entre otros
Para entender y aprovechar de manera sostenible nuestro potencial económico ambiental y cuidar, adecuadamente, las zonas protegidas debemos conocer a profundidad nuestra geografía. Por ello, debemos avanzar en el mapeo profundo de nuestro territorio por medio de un trabajo coordinado entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con una fuerte participación del IGAC y las universidades nacionales y regionales. Este ejercicio deberá estar articulado a la puesta en marcha del catastro multipropósito.
Trabajemos en multiplicar las inversiones en proyectos de bioeconomía y economías circulares
La preservación y conservación ambiental son vitales para nuestra viabilidad como especie, pero los ecosistemas representan un enorme potencial económico que, en condiciones de sostenibilidad, como la que ofrecen los marcos de la bioeconomía y las economías circulares, pueden permitir importantes ejercicios de desarrollo social a nivel nacional, regional y local. Por ello debemos trabajar desde estos enfoques para que nuestras comunidades puedan encontrar sustento sostenible y progresivo a partir de una relación sustentable con sus territorios que les permitan implementar proyectos culturales y de turismo sostenible, entre otros.
Modernización de la normatividad ambiental
Es importante tener reformas que impulsen los bonos verdes y exenciones tributarias efectivas que no sean rentabilizadas por las empresas, para impulsar procesos progresivos de descarbonización. Será clave que el marco regulatorio sea lo suficientemente claro en términos de los beneficios, pero también en cuanto a la obligación de que las empresas pongan en marcha acciones que, de manera sustentable, generen beneficios de largo plazo a las comunidades y a los ecosistemas. No podemos seguir permitiendo que las exenciones sean rentabilizadas por el sector privado y que sus beneficios hacia las comunidades no sean proporcionales a las disminuciones tributarias que reciben.
Además, es vital que trabajemos para que entidades como Parques Nacionales cumplan sus funciones misionales en condiciones adecuadas y sin la interferencia de intereses clientelistas que terminan por someter la gestión pública ambiental a los caprichos de unos cuantos con capacidad de interferencia política. A la par de esto es vital que el Ministerio del Medio Ambiente asuma un rol protagónico basado en criterios científicos y no en razones politizadas.
Mejoramiento de la participación de comunidades étnicas:
Necesitamos avanzar en la construcción de estrategias que nos permitan vincular, de manera propositiva, a las comunidades afectadas por los proyectos de impacto ambiental, sobre todo cuando se trata de megaproyectos como los minero-energéticos.
Sancionar delitos ambientales
En Colombia, la impunidad en materia de estos delitos es muy alta y es común, lamentablemente, ver afectaciones muy grandes a nuestros ecosistemas, nuestra fauna y flora sin que pase nada y sin que haya responsables claros.
Por ello, creemos que es clave avanzar en la actualización de la normatividad en materia de delitos ambientales, de tal manera que prácticas como el aleteo, la deforestación o el comercio ilícito de coral, entre otros tengan consecuencias legales proporcionales al daño que generan. Además, esto debe ir acompañado de un endurecimiento de las multas y de las penas privativas de la libertad que puedan acarrear. Ahora bien, debemos avanzar en identificar y castigar a las grandes empresas que promueven delitos ambientales de manera directa o indirecta.
Con estos 4 pilares y el trabajo mancomunado de la sociedad civil y el Estado podremos superar el doloroso pasado del narcotráfico y proyectarnos hacia una nueva Colombia libre de la destrucción de la guerra contra las drogas y del negocio del narcotráfico.