6. Hacia una justicia libre de presiones políticas, congestión y corrupción

Contar con una rama judicial que desde los juzgados hasta las altas cortes le brinde garantías plenas de justicia a todos en Colombia es una condición sin la cual no podremos avanzar en la construcción de una sociedad en paz y en la que los derechos individuales y colectivos de todos sean disfrutados en condiciones de igualdad. Todos debemos tener garantías efectivas de que se nos hará justicia, independientemente de los recursos económicos con los que contemos, pues la justicia, desde nuestra Constitución, es para todos por igual.

Por ello, creemos que en materia de justicia, debemos afrontar el gran reto de avanzar, decididamente, una Rama Judicial libre de corrupción, incapacidad operativa y administrativa, interferencias políticas, amenazas y ataques a la correcta aplicación de justicia de nuestros jueces y magistrados. Nunca más una justicia sometida a los intereses de unos pocos poderosos.

Para avanzar hacia la justicia que se requiere en Colombia, entendemos que hay que trabajar, arduamente, en varios frentes:

Es importante trabajar en la profesionalización de la Rama Judicial para que puedan ofrecer garantías plenas y en la que toda decisión de los operadores judiciales sea objetiva y capaz de ofrecer justicia a quienes la piden. De tal manera que la dignidad, la honra, las propiedades y la vida de todos sean cuidadas, realmente, por nuestros jueces.

Sólo así se podrá lograr la necesaria descongestión judicial que requiere el pueblo colombiano para que sus solicitudes sean tramitadas de manera eficiente y suficiente y para que quienes piden justicia no vean como la respuesta de un juez puede tardar años y hasta llegar cuando quien la requería, ya ha fallecido.

Colombia requiere, con extremada urgencia, que sus jueces y cortes, además de instituciones como la Fiscalía general de la Nación, sean liberadas de la interferencia política que, muchas veces, los someten y evita que las decisiones que dictan sean independientes de los intereses políticos de quienes los presionan. Por ello, debemos trabajar por un mayor nivel de autonomía presupuestal en la Rama Judicial y en que los procesos de selección de magistrados y funcionarios se den en condiciones objetivas y con plenas garantías de transparencia en los procesos, frente a las instituciones y a todos los colombianos.

Otro gran esfuerzo en el que debemos avanzar sin vacilación es en que todos los operadores de justicia en Colombia estén capacitados y en condiciones de ofrecer atención diferencial a las mujeres, niños y niñas y adolescentes, miembros de grupos étnicos y personas LGTBIQ+, para que el acceso a las instituciones de justicia por parte de todas ellas no se constituya en una experiencia re-victimizante y discriminatoria, o sin las garantías diferenciales que requieren ante casos tan complejos como, por ejemplo, los relacionados con abuso sexual, las violencias de género y la violación de los derechos de las comunidades étnicas.

La Justicia Especial para la Paz –JEP- y todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deben ser protegidas frente a los ataques que amenazan con limitar su alcance y operación. La JEP debe ser arropada por todos y debemos entender que de su correcto funcionamiento depende que se pueda llevar justicia a las millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.

Con estos 4 pilares y el trabajo mancomunado de la sociedad civil y el Estado podremos superar el doloroso pasado del narcotráfico y proyectarnos hacia una nueva Colombia libre de la destrucción de la guerra contra las drogas y del negocio del narcotráfico.