El Nuevo Liberalismo es un partido de ideas y propuestas creativas, realistas, factibles y eficaces para transformar a Colombia. Es un partido que no saca ideas del sombrero o hace promesas imposibles. Basados en la ciencia, en las experiencias exitosas, en las corrientes de innovación en las políticas públicas y en la evidencia, un amplio grupo de ciudadanos afines a las ideas de transformación social económica y política del partido, trabajaron para construir un programa de gobierno capaz de transformar a Colombia.

Ese programa orientará las acciones y las políticas en el gobierno de Juan Manuel Galán. El equipo de trabajo, dirigido por Sandra Borda y coordinado por Óscar Simmons, lo conformaron expertos en las diferentes áreas, profesionales, asesores, ciudadanos, dirigentes populares, empresarios, profesores, estudiantes y líderes políticos de diferentes regiones, perspectivas y visiones que inspirados en el ideario de Luis Carlos Galán han construido un programa resolver los problemas que afectan a los colombianos y para aprovechar el inmenso potencial de progreso y equidad que encierra nuestro país.

Los ejes programáticos que se incluyen en este documento se constituyen en insumos de reflexión programática para la puesta en marcha de las transformaciones estructurales e inmediatas que Colombia necesita para superar la profunda crisis social, económica, ambiental y política que atraviesa, y para poder avanzar hacia la construcción de una democracia sólida, con equidad y con la fortaleza necesaria para liberarse de las cadenas de la corrupción, la compra de votos y la concentración de poderes, entre otros males que la aquejan.

Este programa es un proyecto en construcción inacabado que seguirá creciendo y complementándose cada vez más al incorporar los aportes más específicos y detallados de todos los sectores, regiones, disciplinas y gremios profesionales. En una dialéctica continua de aporte y discusión llegaremos al poder de lejos con el mejor programa para transformar el país.

La revolución de la tranquilidad ciudadana

El imparable avance de la criminalidad que viven las ciudades colombianas no es ya una situación coyuntural o que afecta a un puñado de “ciudades peligrosas” o “zonas rojas”. Todas las ciudades han experimentado un incremento sin pausa en los delitos y actos violentos que afectan de manera directa a los colombianos del común.

Los más afectados por los actos criminales y la violencia urbana son precisamente los colombianos más pobres, a aquellas familias que con inmenso esfuerzo han logrado adquirir bienes de consumo durable que en la mayoría de los casos son esenciales para su trabajo y sustento.

Los asesinatos, lesiones personales, feminicidios, agresiones sexuales, hurtos, robos a domicilios y a pequeños negocios afectan desproporcionadamente a los sectores socialmente más vulnerables. No permitiremos que continúe un sistema en el cuál la seguridad se ha privatizado y a la justicia solo acceden los privilegiados. No habrá tranquilidad mientras unos pocos se sientan seguros, y los demás vivan en la zozobra, víctimas de la impunidad cotidiana y del crimen sin castigo.

El imperativo del sistema judicial y de la fuerza pública no son las inmensas mayorías afectadas por la generalización del crimen urbano. La asignación de recursos se ha concentrado en proteger a los que más tienen y a los negocios más prósperos. La fuerza policial y los recursos de la justicia se redistribuirán para que el acceso a la justicia y la seguridad esté al alcance de todos, en particular en beneficio de los más afectados y vulnerables.

La gente es víctima del delito en un entorno en el que está sometida a la indiferencia, al abuso de la fuerza, la brutalidad, la arbitrariedad y la extorsión corrupta por parte de elementos de la fuerza pública. Esa situación ha generado una profunda ruptura en la credibilidad y la confianza en la policía y en las autoridades; agravando aún más la crisis de inseguridad generalizada por la ausencia de una colaboración armónica entre las instituciones y las comunidades. No más reformas legales y normativas a la Policía Nacional. Se realizará la transformación estructural y operativa profunda para revolucionar la policía y convertirla en una fuerza cuyo eje sea el servicio al ciudadano.

El Gobierno de Juan Manuel Galán implementará una política de seguridad ciudadana donde tendrá prioridad la protección de la integridad, la vida y los bienes de todos, sin embargo, otorgando primacía a las comunidades más vulnerables al crimen. Defender de la inseguridad al más desprotegido resguarda a toda la sociedad. Se trata de devolverle la tranquilidad y la confianza a la gente de carne y hueso, a millones de ciudadanos hoy desprotegidos.

La paz social y la tranquilidad colectiva se construye eliminando primero el miedo a la violencia en la calle y reconstruyendo la confianza entre la autoridad y la ciudadanía. La incertidumbre de la generalización del crimen rompe la solidaridad y la cooperación entre las personas. Hay que romper la parálisis colectiva frente al crimen. Se pondrá en marcha el plan “Comunidades Solidarias” en el que manzanas y barrios se unen para proteger a los jóvenes del crimen y de su inducción a la violencia promovida por bandas locales y grupos de microtráfico.

Juan Manuel Galán, como presidente, presidirá de manera permanente el Consejo Nacional de Política Criminal asumiendo directamente la coordinación de todas las autoridades y entidades para desarrollar una política de seguridad integral que responda transversalmente a la violencia y la inseguridad.

La coordinación territorial de la política de seguridad es un teléfono roto. Los alcaldes y gobernadores no tienen mecanismos institucionales para ejercer un control y direccionamiento de la fuerza pública en sus jurisdicciones, como ordena la Constitución. Los ocasionales Consejos de Seguridad tradicionales no son una herramienta eficaz. Se establecerán de manera permanente Comisiones Regionales y Municipales de Seguridad Ciudadana encabezadas cada una de ellas por un ministro del despacho o un delegado presidencial, y a nivel nacional por el Presidente de la República.

Es indispensable transformar y modernizar la legislación penal para que la impunidad estructural de la justicia pueda ser superada. Mientras los jueces encuentren que la ley les permite la salida fácil de liberar implicados en vez de procesarlos, las calles estarán llenas de reincidentes y delincuentes confesos, aumentando la ira y el escepticismo ciudadano.

Igualmente, se reformará la Fiscalía General de la Nación para que deje de ser un escenario dedicado a la persecución del “crimen espectáculo” y cuya asignación de prioridades no esté sesgada por aspiraciones políticas de sus altas autoridades. La Fiscalía tendrá un sistema de servicio al cliente y un veedor independiente, vinculado a la Defensoría del Pueblo que recibirá las quejas y los reclamos de las víctimas ignoradas, maltratadas o a quienes se les denegó el acceso a una pronta y debida justicia.

Vamos a poner en marcha el Plan Tecnología contra el Crimen, para actualizar las herramientas digitales y técnicas para la prevención, la detección temprana y la investigación de la criminalidad urbana. Las cámaras de vigilancia son un concepto anticuado en tecnología para la seguridad ciudadana. Las cámaras han contribuido a aclarar algunos crímenes, pero por lo general son testigos mudos de la impunidad. No tienen un verdadero efecto disuasivo y tampoco preventivo. Mediante inteligencia artificial, análisis digitales de patrones de criminalidad, teoría de juegos, análisis sistémico, persecución a las redes de traficantes de objetos robados, modelos de ecología del crimen y análisis de la microeconomía del delito, llevaremos la eficacia en la lucha contra el crimen a un nivel muy superior.

Finalmente, y esta es una piedra angular de la política de seguridad ciudadana de Juan Manuel Galán, la mejor política de seguridad es la política social. Se pondrá en marcha un modelo integrado de intervención social en zonas de alto impacto de la criminalidad y en las comunidades altamente susceptibles al microtráfico, a bandas extorsivas y el reclutamiento de menores y adultos jóvenes.

Un tema puntual es el delito de robo de celulares. Es inaudito que un equipo móvil valga más que una vida. Está demostrado en otros países que existen las herramientas tecnológicas para identificar los teléfonos robados cuando estos se conectan a la red. Los operadores de telefonía móvil tendrán la responsabilidad de inutilizar totalmente los aparatos robados e impedir su acceso a las redes en Colombia y en el exterior.

Las empresas de telefonía móvil son multinacionales que no contribuyen hoy lo suficiente para desbaratar las mafias internacionales de venta y tráfico de aparatos. Estas compañías deberá responder indemnizando a los ciudadanos víctimas y rerponiendo los aparatos robados en caso de noc umplir con sus obligaciones en el esfuerzo con el Estado de enfrentar este flagelo.

Será obligatorio que todo aparato conectado tenga una huella digital propia, reconocible e imborrable. Los operadores tendrán la obligación de crear una base centralizada de datos de identificación de teléfonos robados y proveerán a las autoridades el acceso a la localización de aquellos teléfonos registrados como robados u operando ilegalmente. Las grandes mafias comercializadoras de estos instrumentos serán perseguidas con las herramientas propias de la lucha internacional del lavado de dinero.

Democracia Económica: Una economía productiva al servicio de la gente

Millones de colombianos luchan hoy por llevar comida a casa, encontrar un empleo digno, cuidar su salud, o educar a sus hijos. Más de la mitad de los ciudadanos sobreviven en el sector informal. La economía crece hoy jalonada por los altos precios del petróleo y las materias primas, pero no por la expansión del empleo y de la actividad empresarial, el gobierno se jacta de un crecimiento histórico, pero es un crecimiento espurio, inane por cuanto no genera empleo, no tiene impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, y mantiene a millones de compatriotas. Además, tenemos una inflación desbocada, llegando a niveles amenazantes y peligrosos que podrían convertirse en una hiperinflación de dos dígitos si no se actúa ya con eficacia y decisión.

Pero la crisis de la economía colombiana viene de décadas atrás. Hemos heredado un modelo económico clientelista – o de palancas – que concentra los privilegios en manos de unos pocos (pobreza=42.5%, gini de desigualdad 0.54), pero no garantiza los derechos de la gente, dejando atrás especialmente a mujeres y jóvenes (desempleo de 14.5% y 19.4%, respectivamente).

Un modelo que depende de la explotación de nuestros recursos naturales (70% de exportaciones), más que del esfuerzo, productividad e innovación de nuestros empresarios y trabajadores (-0.43% de decrecimiento anual en productividad desde 2000). Y, que por lo tanto, está mal preparado para enfrentar los desafíos del Siglo XXI como el cambio climático, la digitalización, y la globalización (casi 1 millón de hectáreas deforestadas en los últimos 5 años).

Necesitamos, entonces, construir una nueva economía. Una democracia económica que desmonte privilegios y democratice los cimientos de la economía para forjar un futuro más próspero, equitativo y sostenible, basada en los ideales liberales de igualdad, libertad, y transparencia.

Soportada en cinco pilares fundamentales: 1. empleo – para ampliar las oportunidades económicas, especialmente en mujeres y jóvenes; 2. productividad – para que la ciencia, tecnología e innovación lidere una transformación económica incluyente del país; 3. lucha contra la inflación, para eliminar el factor que más agudiza la desigualdad; 4. formalización de millones de empresarios y de trabajadores informales para integrarlos plenamente a la vida productiva; 5. cambio climático – para promover la sostenibilidad ambiental de nuestro planeta creando al mismo tiempo un nuevo sector en la economía.

I. Empleo

Seguridad social universal: impulsar una reforma laboral y pensional conjunta que proteja a todos los colombianos y cree 2 millones de nuevos empleos formales:
● Desvincular la financiación de salud y pensiones del salario en favor de impuestos generales para reducir en 15% los costos de contratación de las empresas.
● Garantizar una pensión mínima por encima de la línea de pobreza a todos los adultos mayores, eliminar gradualmente el RPM y regímenes especiales en favor de RAIS, con una ventana de retiro para cada cohorte proporcional a su esperanza de vida.
● Garantizar una renta mínima alimentaria hasta el equivalente de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para acabar con el hambre.
● Establecer salarios mínimos diferenciales por sector económico, con lo que trabajos de productividades similares tengan salarios mínimos similares.

Empleo juvenil garantizado: crear un programa que ayude a los jóvenes a encontrar un trabajo que les permita adquirir las habilidades para triunfar en el siglo 21 y reconstruir la Nación:
● Crear una plataforma digital pública de empleo que facilite a desempleados e informales encontrar trabajo formal y cotizar a la seguridad social.
● Garantizar un bono de empleo juvenil de hasta por medio SMLV a jóvenes menores de 28 años por 6 meses, redimible en labores sociales (construcción de carreteras, conservación, cuidado familiar, etc.) o empresariales con formación laboral sectorial conjunto entre SENA y empresas.
● Promover cooperativas de trabajadores informales para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes vulnerables.

Cuidado de la familia: crear una red nacional de cuidado de niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, y eliminar las barreras que impiden a las mujeres trabajar:
● Crear Centros de Primera Infancia y llevar Centros de Vida a todos los municipios del país para garantizar un cuidado psicosocial y médico a cada niño (entre 0 y 6 años), personas en condición de discapacidad (ej: sordos, ciegos, etc.), y adulto mayor abandonado.
● Profesionalizar el cuidado familiar con la formación de 60,000 nuevos licenciados en atención a estos grupos de la mano con SENA y el ICBF.
● Promover una licencia parental compartida de 18 semanas, con flexibilidad para asignar 9 semanas entre hombres y mujeres.
● Campaña contra el abuso de niños, mujeres y adultos mayores, así como simplificar mecanismos de denuncia de maltrato familiar.

Justicia tributaria: aumentar el recaudo de impuestos (30 billones) entre los más privilegiados, para premiar el empleo digno y la innovación, no la palanca.
● Desmontar privilegios tributarios del Gobierno Duque (15 billones): exenciones a las grandes empresas y personas de más altos ingresos (renta corporativa, personal, IVA).
● Impuesto a privilegiados (5 billones): patrimonio desde 2,000 millones (0.01-1.5%), ganancias ocasionales, herencias, dividendos, y altas pensiones (10% – 39%).
● Luchar contra evasión (10 billones): 5 mil nuevos recolectores de la DIAN, actualizar catastros rurales y urbanos, tratados de doble tributación internacional.
● Unificar, simplificar y reducir gradualmente impuestos a empresas en 1% anual hasta 30%.
● Eliminar los estratos como instrumento de focalización y gasto ineficiente (ej: Procuraduría) para reorientar 10 billones en gasto social.

II. Productividad

Innovación de la biodiversidad: invertir 10 billones anuales de la mano de las comunidades en innovación verde y azul favorable al empleo para mejorar la productividad empresarial :
● Crear la Agencia Nacional de Innovación con 10 institutos y parques regionales (según RAPS) para liderar descubrimientos verdes y azules (ej: nuevas especies, viveros ambientales), respetando las tradiciones ancestrales de las comunidades.
● Formar 5,000 nuevos científicos en apuestas productivas verdes y azules regionales..
● 1 billón en subsidios de I&D, cofinanciamiento y becas entre institutos, empresas, universidades y comunidades (indígenas, afrocolombianos, campesinos) para innovar.
● 5% de regalías para crear el Fondo de la Productividad Regional, que ofrezca servicios especializados entre Mincit, deptos, y CCs que aumenten la productividad de MIPYMES y campesinos con transferencia tecnológica, habilidades gerenciales y digitalización.
● Estructurar nuevos mecanismos de financiación de la innovación (bonos verdes y sociales, venture capital, cooperativas, fintech).

Calidad universitaria: mejorar la productividad laboral de los trabajadores colombianos y la investigación aplicada con programas de calidad en educación superior:
● Continuar con la educación superior gratuita para jóvenes de bajos ingresos, con un plan agresivo de becas para el estudio de las ciencias básicas y sociales.
● Crear un programa de asesoramiento, tutoría, apoyo psicológico y financiero (ej: vouchers para transporte y libros) para jóvenes en riesgo de deserción inminente.
● Reformar la financiación de universidades públicas para que dependa de cobertura, enseñanza, e investigación, en donde la Nación iguala lo aportado por departamentos y universidades 3;1;1 hasta 10 millones de pesos por estudiante.
● Crear el Instituto de Investigación y Formación de Profesores, que profesionalice la carrera profesoral según desempeño y ofrezca becas para la investigación universitaria.

Libre competencia: defender la libre empresa de la excesiva concentración de los privilegios económicos y monopolios que afectan a consumidores y MIPYMES.
● Convertir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en una entidad independiente del Gobierno, con nuevos recursos humanos, técnicos y financieros.
● Regular el cabildeo mediante un registro público de cabildantes y de sus reuniones con funcionarios del Gobierno y el Congreso.
● Digitalizar y digitalizar trámites innecesarios y desmontar privilegios regulatorios para reducir las barreras a la entrada y operación de las empresas.
● Usar PPP para conectar a internet 4G a todo el territorio rural y 5G a las ciudades.

Comercio justo: insertarnos en las cadenas globales de valor (CGVs) con reciprocidad laboral, sostenibilidad ambiental, y protegiendo a los más afectados por la globalización:
● Crear un banco público digital de remesas que cobre 3% por transacción y cuyas utilidades sean invertidas en reentrenamiento laboral a personas que hayan perdido sus trabajos por la globalización.
● Desmontar gradualmente privilegios arancelarios a una tarifa promedia plana de 7% y no-arancelarios ineficientes, que puedan re-introducirse temporalmente cuando otros países violan leyes ambientales o laborales.
● Reformar Zonas Francas, Plan Vallejo e IED para que la selección y operación de empresas esté condicionada a innovar, exportar y/o transferir tecnología a MIPYMES.
● TLCs deberán incluir capítulos de comercio justo y sostenible para garantizar a MIPYMEs y campesinos ingresos mínimos.

III. Lucha contra la inflación

La aceleración de la inflación a niveles que no se veían desde hacía cinco años es el principal desafío social que tenemos. Por ello la prudencia en la política económica es fundamental. El Banco de la República debe estar libre de presiones políticas para tomar las medidas necesarias. A diferencia de Petro y de Duque yo respetaré la independencia de la autoridad monetaria.

Este gobierno desató el endeudamiento externo para gastar más y para gastar mal. La plata no termino aliviando la pobreza si no creciendo la burocracia, favoreciendo la riqueza y alimentando la corrupción. Vamos a reducir ese despilfarro público que no le sirve a la gente y hacer que los recursos se asignen a subsidios sociales de emergencia que mejoren la capacidad de los trabajadores para pagar la canasta familiar.

El acceso a alimentos esenciales más baratos debe ser garantizada con importaciones mientras no se logre controlar los precios, simultáneamente apoyando decididamente la producción agrícola nacional. También, como medida de emergencia se deben suspender las exportaciones de alimentos básicos y esenciales como la carne y el arroz y las de medicamentos críticos que requieren los colombianos.

Para romper la carrera alcista vamos a reducir el IVA a la mitad por cuatro meses o el periodo que recomienden los expertos, en los bienes y servicios de consumo familiar y a los insumos básicos de la producción. Eso se puede financiar con los ingresos estatales adicionales provenientes de la bonanza en los precios del petróleo y la minería.

A los precios de los servicios del Estado y de las entidades oficiales y de los servicios públicos les corresponde contribuir a controlar la inflación. No puede ser que sean las propias entidades públicas las que fomenten la inflación elevando desmedidamente en esta coyuntura los costos de los servicios estatales. Finalmente, no se puede desconocer que hay monopolios empresariales y carteles comerciales que se aprovechan de la inflación para abusar del consumidor. No lo vamos a permitir.

IV. Cambio climático

Mitigación y adaptación: descarbonizar a la mitad la economía a 2030 y adaptarnos al cambio climático para garantizar la sostenibilidad ambiental:
● Aumentar áreas de protección ambiental en tierra y océanos a 30% del territorio nacional. Controlar dentro de ZRF la expedición de permisos ganaderos, compra y venta de insumos.
● Incrementar impuestos verdes y saludables (5 billones): metano por ganadería (120 mil pesos/Ton CH4), carbono (40 mil pesos/Ton CO2), y bebidas azucaradas (10 pesos/gramo de azúcar), con compensación para los más vulnerables.
● Crear un Cuerpo de Guardabosques con jóvenes y comunidades para realizar proyectos de restauración ecológica (bosques, humedales, etc.), manejo del agua y residuos sólidos, y conservación (ej: Pagos por Servicios Ambientales).
● Reglamentar que el ordenamiento territorial respete la estructura ecológica principal de los municipios y ciudades.

Reforma rural sostenible: premiar a quién trabaja la tierra de forma sostenible para mejorar la productividad agrícola y combatir el cambio climático:
● Terminar el catastro multipropósito rural con titulación de predios mediante acuerdos con las comunidades y actualizar los impuestos a la tierra de terratenientes.
● Crear la jurisdicción agraria para resolver disputas derivadas de la propiedad, posesión y tenencia de la tierra.
● Reducir requerimientos para crear cooperativas campesinas (a 5 miembros) y garantizar acceso a extensión tecnológica y crédito en igualdad de condiciones que las empresas.
● Construir infraestructura social (acueductos veredales, distritos de riego, vías terciarias) con los Batallones de Ingenieros del Ejército y jóvenes del EJG.

V. Formalización gradual para la Integración Económica

No hay crecimiento sin empresarios. Estamos bendecidos por el inmenso talento humano de los colombianos, y por la gran habilidad de nuestros empresarios. Y hay millones de empresarios refugiados en la informalidad. Pero ellos están en ese estado porque quieran si no porque les toca. No más concentración de los apoyos del Estado a los mismos empresarios privilegiados de siempre. Vamos a poner en marcha un plan de incorporación acelerada y masiva de empresarios informales a la normalidad. Pero pasar de un lado al otro no puede ser de sopetón. Gradualismo será la consigna. Y los costos de la formalización los asumirá el gobierno por tres años mientras se consolida la transición. Todos los costos, cargas, impuestos notariales y registros se bajarán a la mitad para quienes asuman el camino de transitar a la formalidad.

Fin de la guerra contra las drogas

De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas publicado en 2021 por las Naciones Unidas cerca de 275 millones de personas usaron drogas en el año anterior, siendo esto un aumento del 22 % respecto a 2010. A su vez, la cantidad de cocaína fabricada globalmente se dobló entre 2014 y 2019 y consecuentemente se divulga que en Europa la pureza de la cocaína aumentó un 40 %, mientras su precio cae. El mismo organismo internacional reporta que en Colombia, pese a una reducción del 7% en el área sembrada con coca entre 2019 y 2020, el rendimiento promedio de clorhidrato de cocaína por cada hectárea aumentó un 18% a pesar de que, durante casi 20 años, se han gastado más de $100 billones de pesos en fumigación con glifosato a más de 2 millones de hectáreas, en las zonas más pobres y carentes de servicios en el país, y más relevante aún, se han sacrificado miles de vidas en intentar la fallida fórmula de eliminar las drogas con un enfoque punitivo y de guerra que victimiza a los más vulnerables, a la vez que alimenta la corrupción y al crimen organizado.

Es evidente que la producción y tráfico de drogas ha existido y seguirá existiendo, mientras haya consumo de las mismas y particularmente para la cocaína, mientras en Colombia más de 125 mil hogares deriven su sustento del cultivo de la coca principalmente por no contar con alternativas legales distintas.

Por ello, debemos dejar atrás la vieja e ineficiente estrategia de la guerra contra las drogas y poner en marcha una política integral de drogas que aborde el problema del narcotráfico de manera innovadora y efectiva. Para esto le proponemos al pueblo colombiano una estrategia sistémica que articula 5 grandes pilares de acción.

Regulación de todas las drogas y agenda internacional. Este conjunto de acciones permitirá establecer un nuevo modelo regulatorio y un sistema institucional articulado y efectivo que formule e implemente una legislación en la cual el Estado asuma el control de la producción y circulación de las sustancias. Para ello se adelantarán estudios y pilotos articulados con las autoridades locales y la comunidad que permitan definir las variables correspondientes a cada estupefaciente y mercado.

Para la coca, dichos estudios que se ejecutarán en armonía con la política de ciencia e innovación, promoverán los usos alternativos, medicinales e industriales de esta planta a la par que se definen condiciones de suministro controlado para aquellos adultos que usan la cocaína y sus derivados para fines no médicos.

La construcción de este componente se hará a partir de un gran diálogo con diferentes representantes sociales a niveles nacional, regionales y locales que nutran la construcción de las propuestas legislativas, y se protegerán los usos ancestrales de la coca, privilegiando la participación de las comunidades étnicas en la cadena productiva, así como la protección del medio ambiente.

Se debe constituir una gobernanza especial e intersectorial con alta capacidad de monitoreo y adaptación del modelo regulatorio con base en la evidencia y la formulación de indicadores de resultado e impacto, sobreponiendo la protección de la salud pública y la juventud por encima del lucro o la recaudación.

Paralelamente se desarrollará una estrategia a nivel internacional para respaldar el cambio de modelo y buscar el apoyo necesario que permita dirimir a favor de Colombia los debates frente al cumplimiento de las obligaciones internacionales mientras potencias como Alemania anuncian la regulación del mercado de cannabis de uso adulto. Se propenderá por la modificación inter se de los tratados de fiscalización de drogas de la ONU, según lo han propuesto expertos y académicos, en la búsqueda de mercados que permitan absorber los excedentes de producción de coca y cocaína y garantizar así la sostenibilidad del nuevo modelo regulatorio.

Estrategia para abordar el consumo de drogas y su impacto en la salud pública. Se implementará el enfoque de salud pública frente al abuso de drogas que Juan Manuel Galán como senador ya desarrolló a través de la Ley 1566 de 2012 de su autoría, a través de la financiación de la prevención, tratamiento y reducción del daño a ser garantizados a todo nivel por el Estado con altos estándares de calidad, con fundamento en la evidencia científica y que garanticen la sostenibilidad, adherencia y dignificación de los consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas.

Para ello, se incrementará significativamente el presupuesto acudiendo a nuevas fuentes de recursos como son los impuestos a recaudar del mercado regulado de drogas. Se ofrecerá acceso a tratamiento y reducción de daños en las redes publicas y privadas de prestación de servicios de salud, con un enfoque territorial y de derechos humanos que permita asegurar que quien busque estos servicios no tenga que desplazarse grandes distancias, y se le brinde atención y tecnologías en salud de alta calidad, por parte de profesionales de salud idóneos que no estigmaticen y alejen a quien requiere de los servicios.

 

Al regular el mercado de las drogas, se cortará el contacto entre los consumidores de drogas y las organizaciones criminales, que instrumentalizan a los consumidores problemáticos más vulnerables, quienes tendrán también acceso a sustancias de calidad suministradas por el Estado en condiciones controladas. Esto a su vez disminuirá intoxicaciones y sobredosis en toda la población usuaria de sustancias.

Se contará con programas robustos de educación y prevención frente al consumo, donde las familias, las organizaciones de apoyo y las instituciones educativas, entre otras, aporten al diseño y puesta en marcha de estrategias adecuadas para proteger del consumo temprano y problemático, articulado a una fuerte promoción de estilos de vida saludables en niños y jóvenes.

Un país libre de narcotráfico a través de la construcción del Estado territorial y la promoción del desarrollo local.

Se integrarán las acciones que apuntan a que el Estado tenga presencia interinstitucional en materia educativa, de salud, de justicia, de servicios públicos y de seguridad, donde históricamente ha estado ausente, dejando en manos de la violencia, la pobreza y del narcotráfico a millones de colombianos en nuestros campos.

Además, este pilar articulará acciones multisectoriales tales como construcción de vías terciarias, redes de servicios públicos, escuelas, oferta territorial de educación superior y proyectos de desarrollo alternativo que, junto con una potente inversión en investigación y desarrollo, permitan desarrollar productos y servicios con mercados reales y competitivos frente a los cultivos de uso ilícito, incluidos los usos alternativos y legales de coca y cannabis.

En implementación de los Acuerdos de Paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, se propenderá por la formalización y acceso a la tierra y a condiciones de vida dignas que se alineen con la protección del medio ambiente y la biodiversidad, así como con la política de desarrollo económico en sus distintos componentes de empleo, productividad y cambio climático.

Desarticulación del sistema de redes de valor del narcotráfico. Atacando a los nodos más poderosos de esta red criminal, como son los que lideran y ponen en marcha el lavado de activos, la utilización de empresas fachadas y los que financian a grupos armados ilegales, entre otras.

Acá será fundamental perseguir y capturar a los funcionarios corruptos que en las entidades del Estado permiten a los narcotraficantes contaminar a la gestión pública, los aparatos de justicia y seguridad del Estado, y hasta instituciones como el Congreso de la República para favorecerse y seguir permitiendo que el poder de los narcos crezca en nuestras instituciones.

Esto se hará de la mano de una política criminal y de seguridad ciudadana que garantice la no impunidad, el foco en los eslabones estratégicos de la cadena del narcotráfico y que a su vez se articule con la estrategia a nivel internacional para perseguir objetivos de valor y las rentas ilícitas.

Combate frontal a las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales no desaparecerán de la noche a la mañana. Desmontar estructuralmente las economías ilegales mediante la eliminación del prohibicionismo y la transición a un régimen regulado para las drogas hoy ilícitas implica simultáneamente una gran capacidad de acción militar y policial, y de la justicia, en la lucha contra las organizaciones criminales que hoy dominan territorios y someten a comunidades. La aplicación de una estrategia de presencia integral del Estado tiene que ser acompañada con un empoderamiento de la sociedad civil apoyado en la vigencia de la Ley para extirpar las estructuras mafiosas y criminales que controlan la vida colectiva en los territorios. Igualmente, las mafias que viven de las rentas ilegales generalmente integran diferentes negocios ilícitos como la minería ilegal, la deforestación y apropiación de baldíos, el tráfico ilegal en maderas extraídas de bosques naturales y protegidos, y la trata de personas y las cadenas de migración ilegal de extranjeros a través del territorio colombiano, son todas modalidades de comportamientos criminales estructurados que deben ser enfrentados con toda la eficacia y la severidad.

Un agenda liberal para las mujeres

Impulsar la creación de una acción similar a la tutela que permita controvertir el tratamiento discriminatorio y reclamar la igualdad; esta acción debería dejar clara la definición de discriminación, pero también prever casos “típicos”, inversiones en la carga de la prueba para favorecer a los demandantes y remedios de largo plazo

Garantizar no sólo la presencia sino la capacidad de decisión de las mujeres en los cargos públicos y promover la ocupación de cargos de gobierno por parte de mujeres expertas en enfoques de género.

Promover los liderazgos de las mujeres en el Nuevo Liberalismo desde las bases del partido y garantizar que las mujeres construyan proyectos de acción política y democrática de manera libre y autónoma.

Red nacional de apoyo al cuidado de niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad para mejorar el acceso de las mujeres al trabajo y de las niñas a la educación y la ciencia (hoy, una de las principales barreras que enfrentan las niñas, jóvenes y mujeres para acceder a educación y a la formación científica es la carga doméstica que deben llevar y que es mayor a la de los hombres – las mujeres en promedio pueden dedicar 20 o 30 horas más a la semana al trabajo doméstico que los hombres).

Romper los techos de cristal: sanciones para quienes paguen menos a las mujeres a igual cantidad y carga laboral que los hombres. No podrán participar de convocatorias si se demuestra que discriminan salarialmente o laboralmente a las mujeres.

Capacitación a todos los jueces y operadores de justicia en enfoques de género: esto para reducir los niveles de re-victimización cuando las mujeres denuncian a sus agresores.

Vamos a incluir el enfoque de género en los programas de apoyo a la investigación y desarrollo, de tal manera que se cuente con líneas especiales de financiamiento a proyectos de investigación construidos por mujeres en todos los campos del conocimiento.

Protección especial de colectivos como las personas trans que son de las más violentadas y quienes más sufren del abandono y, muchas veces, de la discriminación institucional.

Trabajar por la eliminación de la discriminación de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva, con el fin de eliminar las barreras de acceso al aborto, reducir la mortalidad materna y proteger la autonomía de las mujeres.

Implementar el Acuerdo de Paz para avanzar en el desarrollo de lo rural y en la aplicación del enfoque de género y territorial

Articular las Comisarías de Familia en su trabajo por reducir la violencia de género, crear transparencia en los servicios y mejorar su funcionamiento. Además, trabajaremos en el fortalecimiento de los mecanismos formales, no formales y comunitarios de justicia para que las mujeres tengan rutas de acceso a la justicia adecuadas y eficientes.

Sistema de defensa y protección de niñas y niños en el entorno escolar. El acoso, la agresión sexual y la violación por parte de personal administrativo y profesoral en los colegios y universidades es una epidemia en ascenso además caracterizada por la impunidad, que se facilita por el silencio y la ausencia de un sistema independiente de protección a la niñez en riesgo de abuso sexual en el entorno educativo. Se establecerá un sistema integral de prevención y acción, con liderazgo y participación de los padres de familia, que cuente con protocolos obligatorios de atención, sistema de denuncias anónimas, seguimiento a indicios, educación sexual preventiva, justicia especializada, y sanciones disciplinarias, administrativas y penales severas y ágiles a los responsables. No se puede seguir permitiendo la complicidad colectiva y la indiferencia institucional por parte de profesores y administradores.

No más impunidad, acceso a la justicia para todos

1. Hacia la solución de la demanda insatisfecha de justicia en Colombia

Cualquier propuesta en materia de administración de justicia debe estar orientada a resolver de manera prioritaria y eficaz problemas de: i) la alarmante demanda insatisfecha de justicia que apremia la sociedad colombiana; ii) la inefectividad acuciante de los valores y principios que definen el sistema de justicia en la Constitución Política y su plena funcionalidad y, iii) la respuesta a algunas realidades sociales problemáticas, estructurales y algunas otras de última fase, mediante intervención judicial.

La demanda de justicia insatisfecha:

El país debe reflexionar seriamente sobre la frenética juridificación y penalización de la vida social alcanzada desde épocas del crónico Estado de sitio y régimen de excepción, con la criminalización de las necesidades humanas, la pobreza, la marginalidad y la exclusión, agravada ahora con el “populismo punitivo” utilizado a manera de fórmula mágica para expresar aspiraciones políticas; o como simple demostración de preocupación gubernamental ante problemas que generan indignación pública. Desde tiempo atrás, Naciones Unidas y otras agencias para el desarrollo humano han dejado sentado lo que se resume en el eslogan de que la más efectiva política penal es la política social. En el medio colombiano, resulta claro que la expedición de estatutos estableciendo delitos y fijando penas extravagantes resulta menos costoso que proveer servicios públicos; construir escuelas; centros de salud; implementar políticas de lucha contra el hambre o el desempleo, etc.

Se impone, en este sentido, un gran Acuerdo político o pacto de Estado para fijar criterios reales de ejercicio del control social con intervención del sistema de justicia, más allá de la opinión de instancias como el Consejo de Política Criminal y otros órganos consultivos establecidos de tiempo atrás. Supone esto tener que definir ámbitos de intervención diferenciados con expectativas de resultados propios: la seguridad como prevención y la seguridad como reacción o represión, crucial para salir del estado de cosas actual en el que la Policía responsabiliza a la Fiscalía y a los jueces, y estos a aquella, en los resultados alcanzados por el control de situaciones socialmente problemáticas y las altísimas tasas de impunidad. El tiempo que se toma la resolución de un caso sometido a consideración de la justica- superior a cualquier término razonable-, además, son circunstancias, todas ellas, determinadas por la ingenua y errada política de Estado de responder a la conflictividad social exclusivamente con la juridificación del problema y su procesamiento judicial, prioritariamente penal.

Lo anterior no significa desconocer la labor del Estado en la persecución, acusación, juzgamiento y sanción del crimen. Se trata de que sea llevada a cabo en términos realistas, pues su recurso como única posibilidad para hacer frente a la problemática social conlleva inoperancia e incumplimiento de los fines esenciales de Estado, en particular la vigencia de un orden justo, produciendo como efecto tangible la insatisfacción de las demandas de justicia; la institucionalización de una cultura de litigiosidad; obstaculización del desarrollo social y ejercicio de la justicia por mano propia.

2. Efectividad de los valores y principios que definen el sistema de justicia en la Constitución y su funcionalización plena:

Tiene que ver con la realización práctica o empírica de los valores y principios que caracterizan y dotan de sentido el diseño, puesta en función y los rendimientos sociales obtenidos con el sistema de justicia.

La independencia judicial. Desde una noción negativa, corresponde a la no interferencia de la función judicial en cabeza de los jueces por parte de quienes tienen intereses en los litigios; actores sociales estratégicos; sectores poderosos, incluidos los otros poderes públicos o los medios de comunicación de masas. Así entendida la independencia, ésta define la configuración orgánica del aparato judicial y sus competencias de modo que corresponda a una realidad (independencia de facto) y no solo a un enunciado retórico.

1. El Consejo de la Judicatura, o de la Magistratura, o general del poder judicial, etc., que con todas estas denominaciones figura en el concierto universal, es esencialmente el órgano de autogobierno del poder judicial. La consagración en Colombia de un Consejo de la Judicatura integrado por magistrados específicos, así sean designados directamente por las Altas Cortes de justicia, riñe con el concepto de independencia, como cualquier examen de nuestra realidad estaría en condiciones de demostrarlo. El Consejo debe estar integrado por magistrados de las Cortes; de los Tribunales; jueces; empleados y otros actores, a quienes correspondería definir la política del sector en períodos fijos de sesiones en el año, durante los cuales cesan en sus labores jurisdiccionales. Pueden ser los dos últimos meses de la anualidad calendario. Habría una Dirección Ejecutiva General y algunas específicas de funcionamiento permanente, las que tendrían a cargo la ejecución de los planes, proyectos y, en general, las políticas definidas. Esto debe someterse también a consideración de un gran pacto de Estado o Acuerdo político.
2. En ese mismo pacto o Acuerdo debe someterse a consideración el cambio del modelo en lo que concierne con la planta de personal. Del burocrático actualmente existente- así se le pretenda disfrazar con “concursos de méritos” o “selecciones objetivas”, lo que por sí solo no caracteriza el modelo de que se trata- hay que pasar a uno altamente profesionalizado. Está comprobado universalmente que las judicaturas con más altos niveles de profesionalidad son las más independientes; e igual, las más profesionalizadas son las menos proclives a prácticas corruptas. Debe romperse en Colombia con la asimilación de qué profesionalización es igual a la capacitación. La profesionalización es el carácter que debe tener el sujeto jurisdicente como constructor de sociedad y realizador de los valores y principios que informan el proyecto constitucional. Esto está más allá de la formación alcanzada en la facultad, por lo que el título allí obtenido no debería certificar la idoneidad para el desempeño de la judicatura, debiéndose pasar por la escuela judicial; también el litigante debería hacer lo propio con el colegio de profesionales particulares o la barra correspondiente.
3. Los procesos de selección y escogencia de los Magistrados de las altas Cortes debe ser repensado de modo que las convocatorias sean lo más amplias y democráticas posible, garantizando que quienes resulten elegidos sean los de mayor trayectoria, reconocimiento moral y versación. En el caso de la Corte Constitucional todos los aspirantes deberían acreditar dominio de la teoría constitucional y del control de constitucionalidad, más allá de generalizaciones nocionistas. En relación con la Corte Suprema de Justicia, quienes aspiren a ella deben comprobar versación en la casación y no solo experiencia en juicios de instancias. La Constitución fija la razón de ser institucional de la Corte Suprema en su carácter de juez de casación y no como un juez más de la organización judicial como ha sido impuesto por la distorsión a la que se ha visto sometido; a propósito del juzgamiento de altos dignatarios del Estado aforados. En el Consejo de Estado, los aspirantes deben acreditar versación en la especialidad correspondiente a la sección de la que pretendan formar parte.
4. La real independencia del judicial como poder público se concreta en la independencia presupuestal. Un gran pacto de Estado o Acuerdo político por la justicia debería pensar en el retorno a la fórmula de amplia aceptación en el derecho comparado, según la cual el Constituyente directamente fija el porcentaje del presupuesto de inversión del Estado asignado al sector justicia. Esta fórmula se consagró en Colombia en el Acto Legislativo 1 de 1979, declarado inexequible por la Corte Suprema, por vicios en su formación, luego de dos años de estar rigiendo. Se fijó entonces el 10% del presupuesto general de inversión como presupuesto para la justicia. Hoy día el presupuesto del sector justicia dista significativamente de ese monto por lo bajo. Las razones hacendísticas y de ejecución presupuestal aducidas en la Asamblea Constituyente para no revivir la fórmula, sin duda, chocan en esta materia con la independencia judicial que el propio texto Constitucional consagra, aunque no de manera expresa. Por eso, todos los ejecutivos hasta el presente, han alardeado de ser los grandes gestores de que la justicia funcione en el país; y, en no pocas ocasiones, han pretendido incidir en sus contornos o se han abrogado la autoría de determinados logros obtenidos por la Judicatura. Precisamente la fórmula que echamos de menos y que proponemos, pretende materializar la independencia en todos los aspectos del vínculo interinstitucional de los poder públicos. De otra parte, desarrollos del sector se han visto postergados por falta de este tipo de independencia. Piénsese en los sustentos materiales del sistema de enjuiciamiento penal; la cobertura tecnológica de toda la función judicial; la formación profesional, etc.
5. Un pacto de Estado o Acuerdo político por la justicia necesariamente, debe considerar la situación de los restantes poderes públicos frente a la independencia judicial. La crítica o la censura a la función judicial no puede comportar el desconocimiento de la independencia por principio. La cabeza del Ejecutivo no puede salir a los medios de comunicación a sospechar o intencionar el motivo de las decisiones de los jueces; se desatiende en ello el texto Constitucional: los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley, lo cual implica un mandato de abstención para prevenir los ánimos de la opinión pública contra los pronunciamientos judiciales. Debe ser eso un compromiso de cara al país por parte de los poderes públicos respecto del judicial. Desde luego, ello no conlleva veda alguna a la crítica académica o fundada en racionalidad jurídica sobre las decisiones de la judicatura. Lo contrario a la independencia es incorporar a la controversia política o moral los pronunciamientos judiciales para desconocerlos y horadarlos; o impedir desde una posición de poder su obedecimiento, con cualquier tipo de sindicación. Especial consideración respecto de la independencia judicial y los restantes poderes públicos, tiene que ver con la propia independencia de estos últimos. Viene siendo materia de consideración por la ciencia Política y la teoría Constitucional cómo la falta de independencia de los legislativos respecto de los ejecutivos repercute en la pérdida de independencia de los judiciales. Si como acontece en Colombia, el legislativo es percibido por la opinión como un apéndice del ejecutivo, con contracción o negación del control político, bien pronto se instala la idea en el colectivo social de que la real oposición al gobierno proviene del ejercicio de las competencias del judicial. Un pacto de Estado o Acuerdo político sobre justicia debe dejar en claro ese aspecto y las diversas consecuencias que trae consigo empezando por la degradación de la democracia, e imponer los correctivos correspondientes.
6. Un pacto General de Estado por la justicia, debe dejar establecido que la realización de la independencia judicial depende principalmente del propio poder judicial. Fuera de la independencia intrínseca, que impide la determinación de las decisiones por las jerarquías sobre quienes se encuentran sometidos a ellas, el poder judicial debe rendir cuentas y someterse a los indicadores de rendimiento y gestión respectivos. La independencia comprende responsabilidad. No es una gabela institucional o personal, ni privilegio ninguno que desemboque en “aislacionismo” o “corporativismo”. Los regímenes disciplinarios, los manuales de funciones, la rectitud moral y ética en el desempeño, no son demandas contrarias a la independencia sino instrumentos de realización de esta. No en vano se ha dicho que la independencia judicial no es la que los otros poder públicos quisieran reconocerle a aquel, sino la que el respectivo poder judicial construya.
7. La Fiscalía debe ser repensada en el sistema actual de elección de su titular. Debe ser un organismo técnico y no político. Los aspirantes a ese cargo deben acreditar trayectoria como penalistas. La terna, en razón al mismo carácter técnico, debe ser elaborada por organismos independientes; por su pertenencia al poder judicial, la elección debe quedar en cabeza de la Corte Suprema. Pero un pacto de estado o Acuerdo político por la justicia, debe dejar establecido deberes de gestión y resultado durante el periodo de ejercicio del respectivo Fiscal.

3. Tratamiento de algunas realidades que hoy se presentan como estructurales en la sociedad colombiana:

• La corrupción. A pesar del amplio debate publico a que ha estado sometida y el cúmulo de reformas para erradicarla o reducirla- incluso figura para la expedición de estatutos específicos con ese propósito; o de reformas generales al sistema de justicia-, lo cierto es que en la actualidad representa la pérdida de un Pool no considerable porcentaje del PIB, calculada en mas de 50 billones de pesos anuales. En un pacto de Estado por la justicia, necesariamente debe ser tomado en consideración este fenómeno, que no solo implica un abuso de poder con incidencia en el patrimonio público o la moralidad de la administración, sino que conlleva también la invalidación de los valores democráticos. El básico, por ejemplo de la diferencia entre la esfera de lo público y lo privado. Lo sagrado de lo público, que hace que puede servir a los intereses particulares de quienes están a cargo de su gestión. La propuesta, no original en cuanto a ella se ha acudido en otras latitudes, es la de crear una Fiscalía especial para la corrupción, liberando a la Fiscalía General de la persecución, investigación y acusación de este fenómeno, como lo ostenta en la actualidad. Contaría con una organización limitada a la especificidad de su labor; ágil y de pronta respuesta para su objetivo, con los recursos técnicos y los avances tecnológicos necesarios. Tendría una funcionalidad verificable en razón de los resultados, los cuales se indicarán en el acto de su creación, y la realización progresiva a que deben corresponder. El Fiscal especial debe ser penalista, con versación en administración pública, y contará con los asesores expertos requeridos para el eficaz cumplimiento de su gestión. Mantendrá la relación debida con la institucionalidad entera, la cual colaborará con su función sin condicionamientos. No procederá la institución del fuero en los casos de conocimiento del Fiscal especial.
• El juzgamiento de altos dignatarios del Estado: hay que revisar la institución del fuero. Incluso discutir su abolición, como ocurre hoy en España, que además ha incluido el debate sobre la inviolabilidad del monarca y México, donde se ha propuesto su abolición general; de cualquier manera debe establecerse que la pérdida del cargo a cuyo favor aparezca instituido el fuero, cualquiera sea el motivo, no da lugar a que el juez del fuero pierda la competencia. Es decir operaría la llamada “competencia retenida”. Esto, en preservación de la independencia judicial; la distorsión de los procedimientos; los “choques de trenes”, etc.
• La supresión de la Procuraduría: ella se funda, más allá de su ineficiencia; los costos presupuestales; la politiquería que puede caracterizar su gestión, en razones constitucionales y de Estado. Es una institución de origen monárquico que por principio contradice la definición de Estado Social y Democrático de Derecho. Un anacronismo que no se explica. La Procuraduría colombiana no evolucionó como sí lo hicieron otras Procuradurías en América para caracterizarse por la función como ministerio fiscal, el caso de México o Brasil. La función del Ministerio Público que en la actualidad cumple la Procuraduría es la duplicación de las funciones que están a cargo de otros órganos. Ninguno es imprescindible. Pero principalmente, por que la representación social y de procuración con la que se incorporó durante la Colonia a su institucionalidad, hoy día con la Carta de Derechos Fundamentales contenida en la Constitución Política y los mecanismos de protección y de vigencia a cargo de su ejercicio por el propio ciudadano ante las autoridades correspondientes, la dejan sin justificación. La vigilancia de la conducta de los servidores públicos debe estar a cargo de las Oficinas de Control Interno de las respectivas entidades o veedurías.
• En el mismo sentido, el actual control fiscal y contable debe constituir una jurisdicción fiscal, financiera y contable en cabeza de una Corte de cuentas. Organismo técnico, plural e independiente en razón a la trascendencia de su función y complejidad, de integración al margen de las incidencias políticas.

 

2. Un liberalismo judicial para Colombia

La justicia sólo tiene la fuerza de la legitimidad. Si una sociedad no confía en sus jueces poco o nada pueden hacer éstos para resolver las necesidades jurídicas de las personas. Y en Colombia las personas no confían en sus jueces. Una propuesta liberal debe centrarse en crear una política pública que haga que la utopía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991 sea una realidad. Este documento está dividido en dos partes y trata de ofrecer algunas líneas generales para responder a este desafío. Así, la primera parte se concentra en identificar en realidad que puede hacer un presidente frente al tema y cuáles son los límites de sus competencias legales y constitucionales. La segunda sección recoge una serie de propuestas de políticas públicas que persiguen tres objetivos concretos: (i) aumentar la legitimidad de la función judicial en Colombia; y (ii) construir una respuesta institucional de protección de los derechos fundamentales; y (iii) ofrecer propuestas innovadoras de diseño institucional pues una característica del liberalismo judicial debe ser probar ideas nuevas y no reiterar aquellas fórmulas que se han probado sin gran éxito para remediar el déficit de protección judicial en el país.

Un rechazo al autoritarismo presidencial frente a la justicia

La aproximación a las reformas judiciales se ha concentrado siempre en propuestas de reforma legal o constitucional que, en muchos casos, desconocen la autonomía de la Rama Judicial y la independencia del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de dirección general de la política pública de justicia en Colombia. Por eso, es importante que cualquier programa de gobierno reconozca los límites del poder presidencial e identifique de manera clara las oportunidades dentro del Ejecutivo para transformar el acceso a la justicia. Por ejemplo, un presidente no puede por sí solo prometer la creación de más juzgados o construir una política de transformación digital del sistema judicial. Sin embargo, a través de entidades como el Ministerio de Justicia puede impulsar políticas de acceso a servicios de justicia sin necesidad de presentar en el Congreso reformas legales o constitucionales. Además, hay ciertas facultades constitucionales de nominación presidencial que tienen un impacto directo en la legitimidad judicial; en concreto, el poder que tiene el presidente de presentar ternas al Senado para elegir a magistradas o magistrados de la Corte Constitucional. Con esa precisión, la segunda sección presenta una serie de propuestas concretas a partir de los límites del poder presidencial y el respeto por el principio de la independencia judicial.

La propuesta liberal por la justicia

Este capítulo incorpora dos tipos de propuestas. Las primeras, que pueden calificarse como directas, son aquellas iniciativas que se pueden desarrollar usando las competencias constitucionales y legales del presidente. Las segundas, identificadas como derivadas, son aquellas cuya ejecución no sólo depende del poder ejecutivo, sino que implican actos complejos dónde otras ramas del poder público participan.

Propuestas directas de política pública judicial:

Arquitectura institucional para la innovación judicial: cualquier política pública de acceso a la justicia tiene que incorporar una apuesta firme por la innovación. Para eso se debe crear un espacio de experimentación pública interdisciplinario dónde se explore, diseñe y prueben soluciones concretas a problemas reales de acceso a la justicia. Con ese objetivo se propone transformar el Viceministerio de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia en el Viceministerio de Innovación para el Acceso a la Justicia que incluya, además de las direcciones actuales, la Dirección de Tecnología y Gestión de la Información que en la actualidad es una dependencia desarticulada y que hace parte del despacho del ministro. Además, bajo el nuevo Viceministerio, se propone crear un Laboratorio de Diseño para el Acceso a la Justicia donde diseñadores de servicios, ingenieros y abogados (entre otras profesiones) construyan soluciones tangibles basadas en datos a problemas concretos de acceso a la justicia.

Programa de Casas de Justicia con enfoque diferenciado a los municipios PDET: El artículo 2 de la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (LEAJ) aprobado este año señala que el Ministerio de Justicia

debe priorizar los servicios de las casas de justicia en los municipios PDET. Para eso se deben crear servicios centrados en las necesidades jurídicas de la población en esas zonas.

Desarrollar un Plan Nacional de ODRs: Construir a partir de la capacidad instalada del Ministerio de Justicia y lo señalado en el artículo 5 de la reforma a LEAJ, en especial la aplicación LegalAPP, instrumentos alternativos de resolución de justicia en línea (ODRs) abiertos y gratuititos para todo el público enfocados en resolver los conflictos más comunes de acuerdo con los resultados de la encuesta de necesidades jurídicas declaradas realizada por el DANE en 2021.

Implementación del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales: diseñar un sistema de datos abiertos de estadísticas de justicia y construir. Para eso, en cabeza del Viceministerio de Innovación para el Acceso a la Justicia crear una Unidad de Minería de Datos y Análisis de la Información Judicial que permita construir documentos de política pública basada en evidencia. Liderar, con una Secretaría Técnica, la construcción de indicadores de gestión del sistema de acuerdo con lo señalado en los artículos 50 y 51 de la LEAJ.

Creación de un sistema de acceso a los consultorios jurídicos: implementar a través del Ministerio de Justicia el sistema de acceso y gestión a los consultorios jurídicos creado por el artículo 15 de la Ley 2113 de 2021. Este sistema debe ser interoperable con el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales y debe ser un portal desarrollado a partir del diseño centrado en el usuario que también sirva como plataforma para el acceso abierto y gratuito a los ODRs.

Darle el lugar que se merece a las ternas para la Corte Constitucional: el próximo presidente debe presentar al Senado dos ternas de candidatas y candidatos a la Corte Constitucional. Una propuesta liberal en ese sentido debe traducirse en un compromiso público de promover abogadas y abogados que representen un ideal liberal de la justicia, esto es una interpretación progresista y activista para la defensa de los derechos constitucionales y el rol del juez constitucional en un país tan desigual como Colombia. El liberalismo constitucional permitió que

jueces transformadores como Ciro Angarita Barón o Carlos Gaviria Díaz llegaran a la Corte y transformaran el país con la fuerza de la razón. Un presidente liberal debe recuperar ese legado y expandirlo.

Propuestas derivadas de política judicial:

Acto Legislativo de Administración Judicial: la justicia y la defensa de los derechos es algo tan importante que no se puede dejar en manos sólo de abogados. El modelo constitucional de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura refuerza un monopolio de los abogados sobre el Derecho y una buena política pública judicial solo es posible con un diseño constitucional diferente. Siguiendo los límites señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-285 de 2016 (control constitucional al Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes) se propone impulsar una reforma constitucional puntual bajo los siguientes principios: (i) autonomía plena de los nuevos órganos del gobierno judicial bajo reglas de conformación donde no participen ni el ejecutivo ni el legislativo; y (ii) división por tipo de responsabilidades de acuerdo a las funciones actuales que la Constitución de 1991 (artículo 256 y 257) le otorga al Consejo. Así, la reforma propuesta constaría de solo tres artículos que supriman el actual Consejo Superior de la Judicatura y creen dos órganos: (i) la Comisión Nacional de Carrera Judicial; y (ii) la Comisión Nacional de Administración Judicial.

La primera estaría encargada de administrar toda la carrera judicial de acuerdo con el artículo 256.1 de la Constitución y estaría conformada por cinco jueces que hagan parte de la carrera judicial. La segunda, asumiría las competencias restantes del Consejo Superior, en especial las relacionadas con el presupuesto de la Rama Judicial, la estructura de servicios judiciales del país y la gestión administrativa del sistema de acuerdo con lo señalado por el artículo 257 de la Constitución. La segunda estaría conformada por cinco comisionados. Por regla constitucional dos deben ser abogados (uno de los cuáles debe venir de la base de la Rama Judicial) y los restantes tres deben ser profesionales de otras carreas como diseño, ingeniería, administración, ciencia política, entre otras. Para la elección de los comisionados y las comisionadas se realizaría un concurso público administrado por la Comisión Nacional de Servicio Civil y como regla de independencia los periodos de cada miembro serían de 15 años.

Una estrategia centrada en el estudiante

La educación atraviesa tal vez su peor crisis por 2 años de colegios y universidades cerradas. Necesitamos hacer un gran consenso nacional por la educación, no como discurso sino como realidad. Para eso, debemos trabajar en lo siguientes temas primordiales.

Dignificar a docentes y estudiantes para que recuperen su lugar en la sociedad. Esto se puede lograr generando incentivos para que docentes se formen en innovación, habilidades socioemocionales, inmersión de otras lenguas, actividades culturales, generar atracción de personas mejor capacitadas al sistema educativo.

Invertir explícitamente en la calidad de la educación. Con los años se ha reducido este presupuesto en una tercera parte y así ningún colegio puede invertir en desarrollar sus proyectos educativos institucionales, en estrategias de innovación o educación experiencial. Para esto necesitamos redistribuir el presupuesto público para darle fuerza a la calidad, no solo de colegios sino también de universidades, que hoy en día tienen un déficit de casi 3.5 billones de pesos.

Estos recursos adicionales deben ir dirigidos a generar entornos escolares seguros, fortalecer las habilidades socioemocionales, la salud mental, dignificar las aulas, fomentar escuelas de maestros para intercambio de experiencias exitosas y trabajar con las familias coordinadamente para darle recursos a la escuela de padres. Esto incluye repensarnos los objetivos de la educación para contribuir a formar mejores ciudadanos integrales para que estudiantes sean el centro de la educación. 

Recuperar el tiempo perdido por la pandemia pues las brechas entre colegio oficiales y privados cada día se aumenta más (pasó de 25 a 32 puntos entre 2019 y 2021), por lo que necesitamos generar estrategias de nivelación en las tres áreas básicas: lenguaje, matemáticas y ciencias.

Frente al ICETEX esta debe ser una entidad real de apoyo a los estudiantes y no una fábrica de estudiantes endeudados. Por eso, hay que avanzar a un modelo en el que los créditos se paguen solo cuando los beneficiarios estén trabajando y que se congelen mientras no trabajen. Además, que se busquen formulas eficientes para que los intereses sean bajos y que si, dado el caso, los que se gradúan con crédito ICETEX generan beneficio sociales porque trabajan en colegios de zonas apartadas o investigando en ciencia y tecnología, entre otras, y generando beneficios a las comunidades, puedan ser beneficiarios de condonaciones parciales o totales de los créditos.

Otro punto central es que los PEI (Proyecto Educativo Institucional) de los colegios públicos deben dejar de ser letra muerta, por lo que apostaremos por generar procesos efectivos de financiación de estos proyectos de tal manera que las comunidades educativas tengan acceso a recursos públicos para ser ejecutados, sobre todo en calidad educativa, con un alto nivel de control social por parte de los padres. Para que esto se desarrolle de manera adecuada, los PEI deberán tener una duración de 3 años con planes de inversión anuales.

Los estudiantes de ingresos bajos (estratos 1 y 2) necesitan de apoyo económico para permanecer en la universidad o en la educación técnica. La opción no puede ser entre estudiar o trabajar. Se establecerá un sistema de flexibilidad horaria en la universidad pública para que mediante la combinación de educación virtual y presencial los estudiante no se vean obligados a dejar sus trabajos mientras desarrollan sus aspiraciones profesionales. Tamnbién se pondrá un sistema de ingreso mínimo para el estudio que redzca la deserción por razones económicas. 

Salud de Calidad para Todos

 

Como país, debemos entender la salud de las personas como un derecho fundamental, construyendo una política de Estado que incluya los determinantes sociales, ambientales   y económicos de la calidad de vida; y como sociedad, debemos asegurar la protección financiera del individuo y su familia ante las contingencias de salud. La salud la interpretamos como un pilar de la política de paz, como un sector vital en la recuperación económica en términos de servicios, empleo, inversión y población sana para trabajar. 

 

La pandemia nos enseñó que la salud debe ser tratada como un tema prioritario de seguridad nacional y que debe ser priorizada en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde no solamente necesitamos incorporar nuevas tecnologías, sino impulsar en forma decidida las capacidades del talento humano en investigación, desarrollo e innovación, para, por ejemplo, producir vacunas y algunos productos farmacológicos o materiales o dispositivos médicos que requiere la población.

 

Financiamiento

• Nuestro gasto percapita en salud y el gasto en salud de acuerdo al PIB son de los más bajos de los países pertenecientes a la OCDE y tenemos que llevar este último a por lo menos el 9% del PIB. En esta apuesta, es importante generar los incentivos de inversión en infraestructura y tecnología, no solo en la alta complejidad, sino, sobre todo, en lo que llamamos Atención Primaria Resolutiva para que la atención primaria solucione el consabido 85% de las contingencias en salud. Los hospitales en regiones remotas continuarán recibiendo recursos vía oferta donde sea indispensable. 
• El gasto en vacunación es de aproximadamente el 1% del gasto en salud y pretendemos llevarlo al 3% para mejorar la efectividad de este proceso tan importante en el bienestar de la población tanto para niños como adultos.
• A raíz de la liquidación de algunas EPS, las IPS que les prestaron sus servicios aportando esfuerzo y capital propio sin recibir un retorno económico, esta situación sacó a muchas del mercado, por lo que hay honrar estas deudas que se aproximan, actualmente, a 6 billones de pesos.
• Se creará un “Fondo de Garantías Financieras de la Salud”, para poder asumir las contingencias financieras que se presenten en los principales actores del sistema. 

 

Rectoria – inspeccion, vigilancia y control

 

• Hay que restaurar la rectoría técnica en el sistema de salud por lo que reviviremos el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
• Hay que fortalecer la Gobernanza y el actuar de las secretarías de salud territoriales. En salud, será un ejemplo de autonomía territorial como una forma práctica de dar soluciones administrativas a todas las responsabilidades del sector.
• Es también muy preocupante que algunas decisiones poco informadas, y por supuesto poco convenientes de algunos integrantes de la rama judicial, por lo que no es posible dilatar más la creación de una Jurisdicción especial para la salud. 
• Por la importancia y complejidad del sector, todos los organismos de control deben formar una red articulada y con una gobernanza estructurada y definida, dándole realce a la prevención. Pero esto no nos debe hacer olvidar la lucha decidida ante la corrupción.

 

Salud pública

 

• El futuro como planeta y la permanencia de la especie humana, están muy comprometidas, por lo que debemos generar verdaderas estrategias de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde el Sector Salud juega un papel fundamental.
• En el sistema de salud se deben integrar los modelos de atención de las acciones colectivas e individuales, con el modelo de prestación de servicios.
• Todos los sectores tienen agentes primarios a nivel local, pero no trabajan articuladamente y esto genera la realización de acciones comunes duplicadas o multiplicadas para la misma población, haciendo el proceso poco costo efectivo y de costo beneficio,  e incluso generando rechazo de la comunidad. Se propone lograr dar solución teniendo premisas concretas basadas en la forma como la comunidad se organiza y se moviliza en cada territorio, implementar “big data” con sistemas de información fuertes en todos los sectores e interoperables necesarios para realizar análisis complejos como los de calidad de vida; generar gobernanza local enfocados en apuestas y metas comunes.
• No toleraremos los resultados actuales de mortalidad materna, de sífilis congénita (que es un evento tan grave para los recién nacidos y totalmente prevenible), de algunas enfermedades de alto costo y cánceres prevenibles. Ni que hablar de la desnutrición infantil y de los adultos mayores en ciertas regiones o de todavía enfermedades diarreicas frecuentes en estas mismas poblaciones.

 

Aseguramiento – prestación

 

• El sistema de salud colombiano, se ha consolidado como la alianza Pública-privada más grande en salud en América Latina, no solo desde el aseguramiento como protección al individuo y su familia, sino desde la prestación de servicios e incluso desde el abordaje de los determinantes sociales, ambientales y económicos de la calidad de vida. Por supuesto, no podemos dejar que la improvisación destruya este logro de la sociedad y con voluntad política tendremos que corregir lo que sea necesario.
• La integración vertical debe ser limitada y entidades como las Cajas de Compensación deberán escoger si son prestadoras 100% o aseguradoras 100% y solo en sus regiones de influencia. El giro directo a través del Adres debe ser un propósito para todas las transacciones en el sector.
• Fortaleceremos el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología como verdaderos centros de investigación e innovación y generadores de políticas públicas y así mismo, se dotará al INVIMA y el IETS de recursos para optimizar su necesaria e  importante función .

 

 

Recurso humano

 

• Es de fundamental importancia el mejoramiento de la calidad de vida, y el empleo digno y formal de los trabajadores del sector y asegurar su educación continua, y el incremento en el número de especialistas especialmente en las regiones más distantes. Así mismo, mantendremos las funciones públicas delegadas a los colegios profesionales y sociedades científicas.

 

No Discriminación en el Acceso

 

• El acceso a los procedimientos de punta y a los tratamientos complejos está en la práctica vedado para la mayoría de los ciudadanos, dado que el proceso de decisión de su necesidad y pertinencia está viciado por los intereses económicos de los prestadores. Se crearán comisiones independientes regionales de apelación para que en tres días revisen las solicitudes de los pacientes e impongan la decisión científica y médica que haga sentido para el caso concreto del paciente.

Sostenibilidad y dignidad ambiental y comunitaria

En desarrollo del mandato de la OCDE Colombia debe avanzar en el marco de una Política de Crecimiento Verde que logre integrar la sostenibilidad ambiental a las políticas de crecimiento económico que aseguren al mismo tiempo productividad y competitividad de manera transversal para todos los sectores de la economía, incluyendo los aspectos sociales y tecnológicos. Hace énfasis en las diferencias de las distintas regiones. Propuestas de desarrollo concebidas para cada región. Especial atención a las zonas fronterizas que están atrasadas y abandonadas. Para la implementación se requiere: Planificación, Educación, formación y sensibilización; Información, ciencia, tecnología e innovación; Financiamiento e instrumentos económicos; Construcción y fortalecimiento de capacidades.

En cumplimiento de este mandato, en Colombia se aprobó Documento CONPES 3934 de 2018. Los ejes de la política son: 1-Generar nuevas oportunidades económicas basadas en la riqueza de nuestro capital natural. 2-Diseñar instrumentos para mejorar el uso de recursos naturales y energía en la producción y el consumo. 3-Construir capital humano para el crecimiento verde: aprendizaje y empleos verdes. 4-Fortalecer capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación para el crecimiento verde. 5-Coordinación entre instituciones para la implementación: sistemas de información y financiamiento.

Por lo anterior es clave avanzar en:

Conectarnos con los Océanos: Colombia es 50% mar. Protección, valoración y aprovechamiento de nuestros recursos marinos y costeros. Es el Crecimiento Azul. Riqueza representada también en el agua dulce, ríos y humedales. Se requiere una gestión integrada del recurso hídrico y de sus zonas marinas y costeras. Su ordenación, regulación de usos y descontaminación deben ser una prioridad nacional. Aprovechar de manera sostenible nuestros recursos pesqueros generando beneficios y fortaleciendo la pesca artesanal de las comunidades costeras, así como la industria pesquera nacional son una potencial aún por desarrollar.

Terminar de desarrollar la institucionalidad y la gobernanza para los pueblos ancestrales, especialmente en la Amazonia Colombiana.

Un plan especial para la protección de líderes sociales y ambientales, la participación y la gobernanza ambiental, deben ser pilares de la agenda legislativa del Congreso de la República, así como de la acción del Gobierno. Para ello, el control político en estos asuntos será fundamental.

Además de lo anterior, Colombia debe afianzar sus acciones en materia climática. Y esto pasa por la Revisión de la Ley de Acción Climática 2169 de 22/12/2021 y la Ley 1931 de 2018 para la gestión del Cambio Climático.

En este sentido, el país hizo un esfuerzo enorme para actualizar su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en ingles), ante la Convención de Cambio Climático, adoptada mediante la recientemente aprobada Ley 2169 de Acción Climática. Pero la tarea no se agota solamente al convertir estas 200 acciones y metas en ley, sino en concretar las estrategias, los planes de implementación, financiación y seguimiento y particularmente las decisiones y ajustes legislativos específicos y necesarios para alcanzarlas. Adaptación: La NDC define 30 metas a partir de las cuales avanzaremos en la adaptación de los sectores y los territorios al cambio climático. Es necesario revisar el nivel de ambición de estas metas e identificar los mecanismos legales requeridos para implementarlas con contundencia. Por ejemplo, una de estas metas en cabeza del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio esta referida a “alcanzar al 2030, el 68 % del tratamiento de aguas residuales urbanas domésticas”.

Además de lo anterior, es necesario buscar la carbono-neutralidad (reducción de las emisiones de metano). Implementación de los principios de la Economía Circular en la que ya están comprometidas muchas empresas del país. Comienza a trabajarse para favorecer la movilidad con electricidad o mixta y hay que continuar la transición a las energías alternativas más limpias.

En materia de mitigación, reducir para el 2030 el 51% de las emisiones de gases que causan el efecto invernadero involucra, directamente, metas sectoriales especialmente en el sector agropecuario, de energía, vivienda, transporte y actividades industriales. Vincula directamente a las entidades territoriales principalmente a las grandes ciudades. Metas en materia de eficiencia energética, gestión de emisiones fugitivas, gestión de residuos sólidos, aguas residuales domésticas, construcción sostenible, ganadería, plantaciones forestales, cadenas productivas de cacao, café, arroz, panela, industrias y manufacturas, ladrilleras, cementeras, fertilizantes, transporte, restauración ecológica y mercados de carbono incluyen este paquete de mitigación y requerirán planes reales de implementación y financiación y el concurso del Congreso de la República para su ajuste e implementación efectiva.

En materia de deforestación, debemos frenarla, principalmente en la Amazonia. Esto pasa por acabar la ganadería y la agricultura ilegales en las áreas protegidas y el acaparamiento de tierras de manera ilegal en baldíos de la Nación, especialmente en Reservas Forestales y Parques Nacionales, así como la minería ilegal en ríos y áreas protegidas.

No podemos seguir tolerando la praderización (conversión a potreros) para favorecer el acaparamiento de tierras, malas prácticas de ganadería extensiva, infraestructura transporte no planificada, (carreteras ilegales) cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal y la ampliación frontera agrícola en áreas no permitidas.

Por eso, proponemos Controlar la deforestación ilegal fortaleciendo la acción de la Fiscalía; el CTI debe lograr que la investigación a los principales deforestadores lleve a acciones judiciales contundentes y ejemplarizantes. Hoy no hay nadie detenido.

Además, Fomentar una verdadera economía forestal: a)-Uso sostenible del bosque en pie. Generar una economía forestal: Para esto debemos diseñar mecanismos legales enfocados en la institucionalidad, gobernanza, instrumentos para el uso sostenible y el financiamiento. La conservación de la biodiversidad involucra su uso y aprovechamiento sostenible. Así lo reconoce el Convenio de Diversidad Biológica. El país es una potencia en Bioeconomía, pero requiere instrumentos para su desarrollo. Algunos de ellos legales, institucionales, financieros y garantizar el acceso justo y equitativo a sus beneficios de comunidades locales. b)-Impulso y fomento de plantaciones forestales en las tierras ecológicamente adecuadas (no en la Orinoquia).

En materia de cuidado de los ecosistemas, debemos aumentar la protección de los territorios terrestres y marinos. (estrategia 30×30) Ecosistemas protegidos en los lugares correctos, efectivamente manejados y bien conectados por corredores de conservación. Continuar la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. CONPES 4050 de 2021.

Además, es necesario continuar la declaratoria de las áreas protegidas y Otras Medidas Efectivas de Conservación -OMECs. También, poner en funcionamiento los mecanismos de financiación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP tales como Herencia Colombia(Alianza público -privada para financiar las metas del SINAP), el Impuesto al Carbono, Reglamentar los mecanismos de Pago por la Reducción de emisiones de Carbono por la Deforestación Evitada, REDD y REDD+, y crear otros instrumentos financieros.

Lo anterior debe ir de la mano del un aumento importante en la restauración de los ecosistemas degradados. Será la década de la restauración. Colombia ha hecho compromisos concretos de siembra de árboles y hectáreas restauradas ante las Convenciones de Naciones Unidas. Es una gran oportunidad para hacerlo con las comunidades locales generando empleo y apropiación del ecosistema recuperado. Es una estrategia que apoya muchísimo la empresa privada y la cooperación internacional. (Empleos Verdes)

Para garantizar la sostenibilidad y la dignidad comunitaria, debemos incentivar empleos para la elaboración de los viveros, la siembra y el mantenimiento a mediano plazo de las zonas restauradas. Esto involucra la educación ambiental para los que participan y para sus familias y un sentimiento de apropiación que los lleva a defender en adelante ese ecosistema.

También debemos desarrollar el ecoturismo de alto valor agregado como alternativa productiva para las comunidades locales; fuente de empleo y desarrollo local y regional, con estándares altos de calidad y sostenibilidad ambiental.

Las Áreas Protegidas, los ecosistemas y especies protegidos, son esas soluciones basadas en la naturaleza que unen las estrategias de las Convenciones de Biodiversidad y Cambio Climático, y aportan al cumplimiento de las metas de los ODS. Fortalecer esta estrategia es un esfuerzo ganador para avanzar en una gran cantidad de propósitos trascendentales para Colombia y el mundo.

Toda esta política se apoya en la protección de los líderes comunitarios y ambientales perseguidos y sacrificados por las mafias dedicadas a la usurpación de baldíos, a la deforestación, a la minería ilegal y al tráfico de especies y de maderas. Sin ese activismo comprometido local y regional el Estado no podrá cumplir con los objetivos aquí planteados. Colombia ratificará el Acuerdo de Escaqzú en la presidencia de Juan Manuel Galán.

Ciencia, Tecnología e Innovación para la igualdad y la productividad

La reciente pandemia de la cual apenas empezamos a salir nos ha enseñado una vez más que el conocimiento es fundamental para sobreponernos a las adversidades. Colombia es un país que a lo largo de toda su historia ha preferido “comprar” la ciencia, la tecnología y la innovación que producen otros países. Por esta razón, a pesar de ser un país extremadamente rico en recursos naturales, en biodiversidad y con un alto porcentaje de gente joven, no ha sido posible aprovechar tan importante ventaja comparativa para favorecer el desarrollo de la sociedad y de su sector productivo y así poder superar la gran brecha que nos hace uno de los países más inequitativos con altos índices de pobreza y desempleo. 

Con el fin de superar las brechas identificadas y abordar igualmente otro gran desafío, no solo de la humanidad, sino de Colombia en particular, al ser uno de los países más vulnerables a nivel global al cambio climático, se propone un decidido fortalecimiento de política de Ciencia, Tecnología e Investigación -CTI- como un elemento transversal a todas las actividades del gobierno.

El recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se caracterizará por su carácter técnico y no político. No seguirá la práctica actual de nombrar teguas o de asignar esa cartera como un premio político.

La política de ciencia, tecnología e innovación estará basada en un sistema nacional de CTI, autónomo, que incluya a todos los actores y establezca mecanismos de coherencia con la política educativa, la política industrial y de desarrollo, la política ambiental, la política de salud, etc., cuyo propósito sea alcanzar altos estándares de conocimiento y competitividad. 

Se establecerá un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de las más altas calidades científicas y técnicas. Un órgano ejecutivo cuyo objetivo sea hacer prospectiva de largo plazo para el direccionamiento de la política de ciencia y tecnología y coloque al país en la ruta hacia una sociedad basada en el conocimiento.

Se creará un Consejo Asesor Científico del Presidente.

La política de CTI, junto a la política de educación buscará todos los mecanismos para hacerle frente al cambio climático con una transición energética bien planeada a 30-40 años, teniendo presente que la humanidad probablemente seguirá utilizando combustibles fósiles más allá del 2060, y que las tecnologías que aliviarán el problema del calentamiento global aún están por descubrirse o están en estados iniciales de desarrollo.

Se impulsará el desarrollo social y la modernización de la economía de la mano de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación con el fin de reducir la inequidad y la pobreza y promover el bienestar de los ciudadanos y al mismo tiempo reducir las amenazas al medio ambiente por desarrollos industriales y el consumo, a la vez que se enfrentará el cambio climático a partir de una transición energética ordenada y planeada. 

Se promoverá y fortalecerá el desarrollo de las regiones mediante la regionalización de la ciencia y la tecnología para la generación de empleo de acuerdo a las riquezas y características de cada región del país siguiendo los lineamientos de la Misión de Sabios.  

Uno de los mayores aportes de la ciencia y el conocimiento para un crecimiento económico, la generación de empleo y la sostenibilidad ambiental se hará mediante el decidido apoyo a los sectores industriales y en particular a las pequeñas y medianas empresas con el fin de mejorar la calidad de sus productos, aumentar su productividad y como consecuencia de los procesos de innovación hacer de la competitividad de las empresas una prioridad, con lo cuál  se busca la generación de nuevos empleos, y el bienestar social de la población. Hoy solo el 0.2% de las empresas han sido clasificadas como innovadoras.

Se fortalecerá la infraestructura existente en CT+i, los centros de investigación con que cuenta el país y los parques de ciencia y tecnología con el fin de fomentar las spin-off. Igualmente se articularán las actividades de estas entidades con las universidades y el SENA. 

Se estudiará la creación de universidades de investigación, institutos nacionales de investigación de alta calidad cuya infraestructura será la base para la creación de empleos calificados para técnicos, profesionales, magísteres y doctores que hoy se forman en Colombia y para atraer a la diáspora de científicos colombianos a que vengan a trabajar en condiciones similares a las que les ofrecen en otros países. 

Se establecerá un programa que permitirá aumentar el número de doctores cuyo horizonte sea contar con 1000 doctores por millón de habitantes en un plazo de ocho años. Los países de la OECD tienen entre 3000 y 8000 doctores por millón de habitantes.

Se establecerá un esquema de financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación que le permita al país hacer investigación de largo plazo en la generación de conocimiento e investigación de frontera para apoyar a las pequeñas y medianas industrias y atender las necesidades inmediatas de desarrollo del país. El presupuesto de CTI tendrá una asignación directa del Presupuesto Nacional de tal manera que en 4 años alcance el 1% del PIB y en 8 años el 2% del PIB. Este recurso se invertirá en iniciativas estratégicas que permitan: financiar una o dos universidades de investigación, 15-20 institutos nacionales de investigación en diferentes áreas y en diferentes regiones del país (regionalización de la ciencia), establecer 5-8 parques de ciencia y tecnología en diferentes regiones del país, y apoyar la investigación en universidades y otros centros de investigación. Toda esta infraestructura estará bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Las TIC, herramientas para el desarrollo y la igualdad

Debido a la pandemia, hubo un aumento en el uso de tecnologías digitales para los sectores de economía, educación, salud y trabajo y la economía digital tuvo crecimientos anuales del 20% al 25%.  Además, según el DANE (Estudio calidad de vida 2020) El 56,5% de los hogares en Colombia tiene servicio de internet. De los cuales 66,6% en cabeceras municipales y 23,9% en centros poblados rurales. El mismo estudio reciente indica que solo el 39% de los hogares en el país tiene computador, de los cuales el 48,2% en cabeceras municipales y el 10,4% en centros poblados rurales. El porcentaje de personas que “usan” internet en Colombia es, en promedio, el 69,8%, de los cuales el 78% se ubica en cabeceras municipales y el 43,1% en centros poblados rurales.

Ahora bien, solamente el 0,67% del PIB en Colombia, para el año 2017, se invirtió en ciencia, tecnología e innovación. Mientras que, en América Latina, en promedio se invierte el 1%. Además, solo el 43% de los jóvenes entre 15 y 17 años acceden a la educación media. Y, de esos, solo el 50% de los jóvenes entre 17 y 21 años logran acceder a la educación superior.

Por otro lado, el peso del comercio internacional en la economía colombiana es del 36% del PIB y, sobre este, el 18% corresponde a servicios digitales. Dicho dato porcentual refleja la importancia de los servicios digitales de nuestro país de cara al mundo, pero la oferta propia no es representativa.

Ahora bien, para poder tener un sector de las TIC robusto y que pueda impulsar el desarrollo integral del país, necesitamos trabajar en los siguientes ejes de acción:

Fomentar el uso de las TIC para el aumento en la productividad, la transformación digital y como valor agregado empresarial.

Diseñar programas de alfabetización digital, mejoramiento de habilidades tecnológicas y desarrollo empresarial en las zonas rurales de todo el país, estimulando a que las TIC sirvan como una instrumento para mejorar la calidad de vida de los colombianos menos favorecidos.

 Abanderar normas que defiendan los derechos de los consumidores digitales y promuevan la disminución de la desinformación, fortaleciendo las reglas que sancionen las prácticas anticompetitivas y eviten los abusos de posición dominante de empresas prestadoras de servicios TIC.

Garantizar la expansión de cobertura y la calidad de la conexión a internet en todo el país, especialmente en las zonas rurales, aprovechando operadores locales y herramientas tecnológicas alternativas que mitiguen la inversión exclusiva en redes e infraestructura. Esto implica optimizar las redes nacionales y locales y facilitar el acceso a dispositivos digitales y replantear manejo, administración y direccionamiento del Fondo Único de las TIC, Futic.

Estructurar los servicios gubernamentales digitales, bajo un criterio de mediano plazo, para que la información estatal esté al alcance de todos los ciudadanos por los medios digitales, y su operatividad por parte del consumidor sea fluida y genere la confianza necesaria.

 

Diseñar nuevas políticas públicas con enfoque transversal de las TIC, que permitan que las nuevas tecnologías abarquen todos los sectores económicos del país y garanticen, para su elaboración, la participación de empresas, academia, sociedad civil y el sector público como un todo que requiere en cualquier sector de las TIC para su desarrollo.

Generar incentivos económicos para la investigación en ciencia, tecnología e innovación de mercados consumidores por medio de las tecnologías, con el respaldo de universidades y empresas privadas.

 

El peso de los servicios digitales sobre el comercio nacional, y la poca oferta propia en la participación de dichos servicios, invita a fomentar la educación digital desde los primeros años del pensum académico.

 

Necesariamente el desarrollo de la educación TIC debe ir acompañado de una política pública para la economía digital con el fortalecimiento de la industria propendiendo por la propuesta de generar incentivos fiscales para las empresas dedicadas a la producción de sofware.

Entendiendo que las TIC no son solo infraestructura y redes, es necesario el fomento para la creación de un órgano independiente y autónomo que maneje, administre y direccione, bajo un plan estratégico a mediano plazo, el Fondo Único de las TIC, con el fin de garantizar que los recursos destinados a expansión de cobertura, conectividad, subsidios para acceso a internet, contenidos audiovisuales y digitales, tengan unos indicadores con metas claras que garanticen el desarrollo del país en la materia sin el manejo político del gobierno de turno.

Cultura y creatividad para la igualdad y la cohesión social

En las últimas décadas el Estado ha intentado asegurar que la cultura se convierta en una fuerza de cohesión social, de realización personal y de despliegue de la creatividad colectiva. En ese camino se han establecido decenas de leyes que han protegido a creadores y creadoras, artistas y artesanos. También se han implementado programas de estímulos y becas que respaldan el trabajo de diversos agentes culturales para hacer realidad proyectos que realzan una sociedad diversa, creativa e incluyente. Esas leyes y programas, sin embargo, no son ni serán suficientes frente a la urgente situación que vive el sector y los retos que enfrenta para su sostenibilidad.

Las políticas culturales y las instituciones públicas del sector están desarticuladas, tiene un escaso poder, así como un presupuesto bajo y fragmentado. Hay que revitalizar todos los componentes del sistema cultural para que la cultura no solo sea un lugar que beneficie a unos pocos y que refuerce privilegios, sino un lugar para el desarrollo de los creadores y también para los ciudadanos que desean acceder a todas las formas de cultura, conocimiento, entretenimiento y goce. La cultura es un pilar articulador de la ciudadanía y la democracia. Por eso debemos volver a enfoques que pongan a la gente en el centro y que fortalezcan los derechos culturales desde el acceso a programas que revitalicen la oferta y dinamicen los consumos e intereses de miles de personas a través de una verdadera política de acceso cultural potente y descentralizada que integre las expresiones de cultura establecidas, a las manifestaciones ancestrales, las prácticas artísticas contemporáneas y  las oportunidades en las plataformas de entretenimiento ligadas al mundo digital.   Nuestra propuesta cultural promoverá un trabajo integral con el sector y para la ciudadanía. Será una propuesta de cultura directa.

Es indispensable revisar la política de economía naranja que costo demasiado y logró muy poco. Es importante escuchar al sector, saber cuál ha sido su impacto real de unos subsidios que se desviaron en su mayoría, qué beneficios ha traído y qué es urgente dejar de lado mediante la aplicación de una propuesta de política cultural renovada que profundice los estímulos a las economías de las culturas y las artes con un enfoque local, territorial y regional.

Para hacerlo, emprenderemos estas acciones:

• Nuestros museos están sin recursos, las bibliotecas inacabadas, los teatros abandonados, los centros culturales con dificultades de financiación, las organizaciones y los colectivos artísticos desfinanciados. Es fundamental continuar con acciones verdaderamente contundentes para la reactivación económica del sector. Para hacerlo es necesario incrementar la inversión del presupuesto en cultura y consolidar programas que fortalezcan las capacidades del sector para atender así a las necesidades de las personas que en él trabajan y que dependen mayoritariamente del esfuerzo público que se canaliza a través de museos, bibliotecas, teatros y centros culturales.
• Asegurarnos de mejorar la relación y generar programas con los gobiernos regionales para garantizar que su interés se convierta en acciones articuladas, que inviertan lo suficiente y que respalden a los espacios culturales en sus territorios. Es vital fortalecer la presencia institucional del gobierno para la cultura y generar un mayor compromiso desde lo local para así mejorar la situación del sector en las regiones.
• Descentralizar las inversiones en infraestructura cultural y trabajar prestando atención a las organizaciones y los procesos artísticos que existen en las regiones fortaleciendo los contenidos locales. Proponemos un nuevo mapa de sistemas culturales que piense la infraestructura y el patrimonio cultural como equipamientos culturales completos para hacerles verdaderamente atractivos y funcionales. No solo construir bibliotecas, también dotarlas con libros. Invertir en centros de documentación con recursos y centros de artes escénicas con escenarios completos y funcionales.
• Revisar los programas de convocatorias y estímulos concursables (becas, premios, entre otros), renovar sus enfoques de cara a una política de sostenibilidad para el sector, y asegurarnos de que sus calendarios y ciclos sean oportunos y pertinentes.
• El consumo digital es hoy un actor vital. Por eso necesitamos una política clara que entienda los flujos de ese mercado y que garantice consumos en contenidos digitales hechos en Colombia. También será esencial crear estrategias que permitan que las suscripciones a plataformas de cine, música o videojuegos sean accesibles para toda la población. Una política cultural con un acento digital debe ser una de las inspiraciones de un gobierno cultural en este momento.
• Por último, nuestra propuesta reconoce que es necesario un acompañamiento riguroso del gobierno para motivar que exista una agenda legislativa para las artes y la cultura. Decenas de leyes que benefician al sector cultural no están reglamentadas, a la vez que existen vacíos legislativos que afectan el bienestar de las personas que trabajan en las artes y la cultura. Por lo mismo, también es importante una decidida acción de protección de líderes comunitarios que trabajan desde la cultura para la transformación de sus territorios y que hoy son víctimas de las mafias y los actores armados.

Es hora de escuchar y creerle más al sector cultural. Es hora de tenerle más confianza a su potencial de aporte al desarrollo e integrar sus necesidades reales generando formas de financiamiento que sean mucho más directas y no necesariamente concursables. Algunas propuestas de proyectos concretos para abordar en diferentes áreas del sector son:

Un programa de bonos de cultura: Se trata de un programa de inversión directa que ofrece estímulos para el consumo a través de bonos de cultura con un valor canjeable en espacios, productos y organizacionales culturales locales: teatros, librerías, sistemas de suscripciones de revistas culturales digitales, acceso a ferias de libro y conciertos para jóvenes mayores de edad. Una proporción del bono podrá ser invertido en bienes físicos o digitales de cultura. El programa estará dirigido principalmente a jóvenes y estará articulado con programas educativos en los distintos niveles de formación profesional y técnica que existen en el país.

Reactivar las compras públicas de libros. Colombia es el país del continente con menos compras de libros por parte del Estado. Esto tiene impactos negativos. Por un lado, afecta el acceso al libro y a la diversidad editorial en las diferentes regiones del país. Por el otro, impacta en la sostenibilidad de las editoriales locales, lo que al final termina por afectar negativamente a los creadores de contenidos en el país.

Estimular de producción editorial y traducción del talento colombiano literario. Volver a la traducción de obras colombianas. El Estado olvido este importante componente de la exportación del talento nacional haciendo visible ara el mundo las letras colombinas. Es importante crear una verdadera política de internacionalización del talento editorial colombiano con estrategias de largo plazo que tengan estímulos a la traducción de nuestros autores a otros idiomas, la participación en ferias y la circulación de autores y editores.

1. Es hora de retomar y fortalecer la política de escenarios para el teatro, la danza, las artes vivas y la música.
2. Estrategias para fortalecer la creación, producción, consumo y circulación para música.
3. Fomentar la asociatividad y el emprendimiento cultural con carácter social, comunitario y ambiental.
4. Estudiar y potenciar nuevos circuitos comerciales para las artes visuales y plásticas desarrollando circuitos de ferias en diferentes regiones.
5. Apoyo el trabajo de educación y divulgación que hacen los museos en las distintas regiones de Colombia mejorando las contribuciones a sus programas educativos.
6. Desarrollar programas en pedagogía cultural respaldado circuitos con organizaciones culturales locales.
7. Recuperar el importante trabajo de divulgación y educación en la cultura y las artes para la ruralidad a partir del trabajo de las radios y la prensa comunitaria.
8. Desarrollar una política de turismo que integre también con claridad las políticas de salvaguarda para el patrimonio material e inmaterial del país.
9. Trabajar para que el sistema educativo articule la educación profesional y técnica en artes con espacios de aprendizaje. Es esencial fortalecer el conocimiento y los saberes culturales para a la vez que se trabaja para consolidar alianzas universitarias y empresariales que creen empleo y generen desarrollo en el sector.

Prioridad a la discapacidad

Esta propuesta comprende dos perspectivas: i) la transversalidad de la discapacidad, y ii) un conjunto de acciones urgentes y concretas entre las que se incluyan medidas de choque para reducir las brechas digital y social agudizadas por la pandemia.

1. La transversalidad.

La discapacidad, en la definición vigente, adoptada por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en Colombia forma parte del bloque de Constitucionalidad desde su aprobación por la Ley 1346 de 2009, es la resultante de la interacción de estas personas con las barreras físicas, actitudinales, sociales, tecnológicas, que encuentran en su entorno.

Para garantizar con eficacia y eficiencia el mandato de protección especial, de que trata del inciso tercero del artículo 13 de la Constitución Política, es preciso que los indicadores sean de carácter obligatorio y que los presupuestos públicos incluyan las fuentes de financiación y el monto de los recursos, en todas las ramas del poder público.

Se trata de asumir de manera clara que la discapacidad y su atención forman parte del quehacer de todo el Estado.

2. Las acciones urgentes y concretas

Garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, su goce efectivo, y abrir los espacios para el ejercicio de su derecho a la participación política, social y económica que les permita incidir en las decisiones que las afectan, requiere acciones urgentes y concretas.

El diseño de las mismas debe contemplar un plan de choque orientado especialmente a identificar y reducir las brechas digital y social profundizadas aún más por efectos de la pandemia.

Las recomendaciones para incorporar en el plan de gobierno del doctor Juan Manuel Galán, son:

2.1. Participación de las Personas con Discapacidad (PcD)

Se requieren garantías técnicas, administrativas y económicas para incrementar la participación de las PcD en la vida social, política, económica, cultural, educativa, deportiva y recreativa, a través de las organizaciones que las representan, para lo cual:

1. a) Se apropiarán los recursos que permitan el cumplimiento del Decreto 1350 de 2018 en lo relacionado con el fortalecimiento de las organizaciones que representan a las PcD y se creará un fondo especial para su fortalecimiento y sostenibilidad técnica, administrativa y económica.
2. b) Se garantizará la participación de las PcD a través de las organizaciones que las representan, en el proceso de rediseño del nuevo CONPES sobre Política Pública de discapacidad, teniendo en cuenta que el CONPES 166 de 2013, sobre Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, tiene vigencia hasta el año 2022.

2.2. Inclusión laboral de las PcD

Se crearán los mecanismos necesarios para garantizar la inclusión laboral de las PcD, a través de:

1. a) Garantizar el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 sobre porcentajes de vinculación de PcD en las entidades del sector público de acuerdo con el tamaño de sus plantas de personal.
2. b) Vincular PcD en los niveles directivo y asesor de la administración nacional.
3. c) Crear estímulos para que el sector privado genere nuevos puestos de trabajo para las PcD, y
4. d) Definir y ejecutar un plan especial para la recuperación de las pequeñas y medianas empresas de PcD, quebradas o desaparecidas por efectos de la pandemia.

2.3. Educación Inclusiva de estudiantes con discapacidad

Se tomarán todas las medidas para eliminar la brecha digital y fortalecer los procesos educativos de los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad en el sistema Público educativo garantizándoles una educación con calidad para eliminar la exclusión y la discriminación negativa agravadas por la pandemia del Covid-19.

2.4. Atención a las PcD en salud.

Para la atención en salud que debe brindarse a las PcD es indispensable diseñar una ruta de atención integral y preferencial que efectivamente permita brindar una atención temprana cuando se adquiere una discapacidad o se presenta alguna morbilidad que afecte a dichas personas.

En el Sistema de Salud deben adoptarse las medidas que garanticen la atención prioritaria, integral y con calidad de las PcD, por su condición de vulnerabilidad.

Asimismo, el registro de atención de dichas personas en el Sector Salud debe alimentar el sistema de información SISPRO para consolidar el Registro Nacional de personas con discapacidad, el cual será usado en otras acciones y programas de carácter intersectorial.

2.5. El cuidado de las PcD.

El cuidado de las PcD comprende tres campos: el de las PcD en general; el de las PcD de alta dependencia; y el de las familias.

1. a) Las PcD en general:

Se requieren planes y programas que permitan la creación de ambientes sanos y seguros, que favorezcan la protección de las PcD en su hogar.

Se les debe garantizar que su cuidado sea asumido por el Sistema de Salud, en sus dos regímenes, contributivo y subsidiado, a través de cuidadores profesionales.

1. b) Las PcD de alta dependencia

Su atención demanda cuidado permanente y, por lo mismo, se deben estudiar y concretar medidas en materia de seguridad social y protección para los miembros de la familia, nuclear o extensa, que asuman la responsabilidad del cuidado permanente.

1. c) Las familias

Se requieren medidas que eviten el deterioro o la precarización económica de las familias de las PcD. Entre ellas, la aplicación de subsidios al consumo de los servicios públicos y la reducción de las tarifas del impuesto predial, en los hogares donde haya PcD.

2.6. Programas especiales de atención para los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y los mayores de edad con discapacidad

La Constitución de 1991 hizo explícito reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ordenó su aplicación especial y prevalente.

Además de esa especial protección por razón de su condición etaria, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad son también sujetos de especial protección constitucional.

Teniendo en cuenta que las personas con discapacidad son sujetos de especial protección constitucional, sin consideración a su edad, y que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, extiende a toda esta población los compromisos de los Estados para su atención permanente, es necesario y urgente que el Gobierno Nacional, a través del ICBF y el SNBF fortalezca los programas y los servicios especiales de atención a los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y los mayores de edad, con discapacidad, que demanden protección especial y continúa, de manera que la mayoría de edad no se constituya en un factor de exclusión, marginación y discriminación negativa.

3. Las medidas de orden normativo

Como se dijo al iniciar, la normativa vigente hoy en Colombia reconoce y garantiza los derechos y libertades fundamentales de las PcD. Sin embargo, para su ejercicio así como para su reconocimiento y apropiación por las familias, la sociedad y el Estado, faltan acciones concretas que, desde el Gobierno Nacional, deben ser impulsadas, unas porque son de su competencia exclusiva en ejercicio de su iniciativa legislativa; y otras, porque son del ámbito de su competencia.

3.1. De iniciativa legislativa:

– Presentar al Congreso de la República los siguientes proyectos de ley:

1. a) aprobatorio del Protocolo Facultativo de la Convención de naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
2. b) para la implementación del Tratado de Marrakech
3. c) de Reestructuración del Sistema Nacional de Discapacidad

– Asimismo, incluir en el Plan Nacional de Desarrollo que se adopte para el cuatrienio 2022-2026, la prórroga del artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional 2018-2022- , en cuanto ordena que “Cuando se trata de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en los cuales se hubiere superado la vulneración de derechos, transitoria­mente se continuará con la prestación del servicio de la modalidad de protección cuando se requiera, hasta tanto la entidad correspondiente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la prestación del servicio de acuerdo con sus competencias legales.”

3.2. Medidas de orden administrativo

Con la iniciativa activa y permanente de la Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad, el Gobierno Nacional adoptará las medidas requeridas para que los ministerios, departamentos administrativos y entidades que integran los respectivos sectores administrativos, incorporen en el ejercicio de sus funciones, el conocimiento, desarrollo y aplicación concreta, de los mandatos contenidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Ley 1346 de 2009; en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, y en las Leyes 1752 de 2015,  1680 de 2013, 1295 de 2009 y 1996 de 2019.